¿Un nuevo plan?

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva estrategia de desarrollo económico llamada Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida. ¿Se trata de un nuevo plan o es otro episodio más de la continuidad prometida en numerosos mítines? El simple hecho de que se hable de nuevos planes, luego de 100 días de reiterar continuidades y de aprobar buena parte del plan C, a pesar de ser sumamente regresivo para el diseño constitucional de nuestra democracia, merece un primer comentario.

Por principio de cuentas, el pobre desempeño económico del país en los últimos seis años a pesar de un nivel de endeudamiento récord en 2024, así como los pronósticos de un magro crecimiento para este año son clara evidencia de que la política económica que heredó la presidenta Sheinbaum de su antecesor deja mucho que desear.

Decir esto no es ninguna sorpresa. De hecho, desde julio de 2019, cuando Carlos Urzúa —el primero de los tres secretarios de Hacienda que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su sexenio— renunció a su cargo afirmó en una valiente carta que: “Discrepancias en materia económica hubo muchas”, señaló que se habían “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento” y que “toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda”. Y, en efecto, la evidencia le acabó dando la razón.

Para que la economía mexicana crezca más es fundamental aumentar la inversión pública y privada. Por tanto, no es mala idea proponer elevar la inversión como proporción del PIB. Sin embargo, no todos los proyectos de inversión tienen el mismo impacto. Un gobierno que ejecuta proyectos con base en evidencia podría admitir que no sólo fue un error cancelar el aeropuerto de Texcoco en 2018, sino además que varios de los proyectos estratégicos insignia del primer sexenio morenista están plagados de problemas: ni el Tren Maya ni el aeropuerto Felipe Ángeles ni la refinería de Dos Bocas ni el lanzamiento de una línea área subsidiada soportan un escrutinio serio en términos de impacto social o económico. De hecho, ni siquiera soportaban la luz pública de la transparencia, pero eso ya no será un problema ahora porque el gobierno de la transformación ha decretado la desaparición del Inai.

En ese sentido, el que el Plan México hable de generación y transmisión de energías limpias, inversión en agua y saneamiento, así como proyectos de infraestructura con esquemas de inversión mixta, suena relativamente sensato a primera vista. Insistir en Pemex, quizá no tanto, pero el diablo está en los detalles: hay mayor rentabilidad en la exploración que la refinación, por ejemplo.

El Plan México también habla de “ampliar el acceso a la educación media superior y superior y su vínculo con el plan de desarrollo”, así como “fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación.”

Otra vez, suena muy bien. ¿Quién podría oponerse al desarrollo científico tal cual, sin adjetivos? El problema, por desgracia, es que la evidencia del Presupuesto de Egresos aprobado apenas en diciembre dice otra cosa. Si se plantea fortalecer el desarrollo científico en serio, ¿por qué redujeron sustantivamente el presupuesto y se congelaron las contrataciones en todos los Centros Públicos de Investigación de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación? ¿Por qué el recorte presupuestal se concentró en el capítulo correspondiente a nómina y recursos humanos? ¿Por qué se respetó el presupuesto de la UNAM, pero no el de los 26 Centros Públicos del extinto Conahcyt?

En los últimos años, el gobierno federal ha congelado plazas y contrataciones a lo largo de los ejercicios fiscales con tal de hacerse de los recursos no ejercidos. En 2024, las contrataciones se congelaron desde el 2 de marzo. Este año, las contrataciones están congeladas desde el primer día del año. El gobierno promete más inversión pública al mismo tiempo que recorta las capacidades del Estado. Ese plan yo lo conocemos.