Supremacía del poder civil

Hace dos semanas escribí en este mismo espacio que era más probable que el bloque opositor del Senado se fragmentara y la reforma constitucional sobre militarización de la seguridad pública fuera aprobada, a que la bancada morenista se fragmentara y la reforma fracasara.

Hace dos días, ese pronóstico se volvió realidad en el Senado: con 87 a favor y 40 en contra, se aprobó ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas pueden utilizarse en tareas de seguridad pública hasta 2028, “y ni un día más”, afirmó alguien desde el pleno con humor involuntario. La fractura en el así llamado bloque opositor vino de parte de dos senadores del PRI y un par del PRD. El dictamen revisado regresará a la Cámara de origen, pero podemos dar por descontado que la reforma será aprobada.

Hay que decirlo con toda claridad: esta reforma constitucional es grave y sumamente preocupante. En los cuatro años del presente gobierno, y en los tres sexenios que llevamos experimentando con una creciente militarización de la seguridad pública, esta reforma —sumada a la reforma legal aprobada unas semanas atrás—, no sólo lastima el marco constitucional vigente, mismo que ordena contar con instituciones civiles de seguridad pública, sino que pone en riesgo la democracia misma en México.

Veamos por qué. Si se reforma la Constitución para encargarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas por un plazo “transitorio” de nueve años, el poder político del Ejército aumenta tanto de jure como de facto. ¿Qué tan seguros estamos de que el “poder civil” podrá controlarlos ahora o más adelante? ¿Cuánto podemos confiar en la capacidad de control de futuros presidentes? ¿Cuánto podemos confiar en la lealtad de las Fuerzas Armadas ahora o más adelante?

No se trata de preguntas triviales ni provocaciones insolentes. La supremacía del poder civil sobre el militar es una señal inconfundible de consolidación democrática.

Esto lo tienen claro en muchos países latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares a lo largo del siglo veinte, tales como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay. Por otro lado, el apoyo de las Fuerzas Armadas al régimen chavista ha sido determinante para preservar la dictadura en Venezuela. Algo similar puede decirse de los países otrora socialistas en Europa.

En México, no estamos libres de estas amenazas. Por razones extrañas, muchos parecen olvidar que también tuvimos una dictadura durante el Porfiriato. Muchos parecen olvidar los años que nos tomó en México poder contar con una presidencia civil y dejar de tener a líderes militares de la revolución en la presidencia. 

Por desgracia, tampoco tenemos que ir tantos años atrás. En los últimos años, hemos estado presenciando la mayor concentración de poder político en más de 20 años. Junto a la concentración del poder propio de un gobierno unificado, el organismo del Estado que ha recibido más poder —en forma de mayores atribuciones, presupuesto y personal— son las Fuerzas Armadas. Resulta que la corporación estatal menos transparente, la que menos rinde cuentas, es la única con la que el Ejecutivo parece estar dispuesto a compartir el poder.

El modelo civil de seguridad pública, consagrado hasta hace poco en nuestra Constitución, implica tener policías federales, estatales y municipales, cada una respondiendo ante gobernantes civiles distintos. Frente a este diseño, tradicional en tantas democracias, el modelo militarizado de seguridad pública implica contar con una policía militarizada de alcance nacional que sólo responde ante una y sólo una persona: el Presidente.

Tanto la teoría política de diversas épocas como la evidencia comparada de diversas latitudes coinciden en que, para consolidar una democracia constitucional, el poder civil debe imperar con toda claridad sobre el poder militar. Los representantes y mandatarios, usualmente desarmados pero legitimados por la fuerza de los votos, deben tener supremacía sobre aquellos que están armados, hasta los dientes. No debería ser tan difícil ver lo que está en juego.