Separación de Poderes

La separación de Poderes es fundamental para preservar una democracia constitucional. La idea es algo vieja —y no debería ser tan difícil de entender por qué—, pero como de un tiempo a esta parte está de moda aplaudir la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos y aprobar reformas dispensando los mínimos trámites legislativos, quizá valga la pena repasar el argumento. Muchos de quienes hoy aplauden reformas legales como las aprobadas esta semana, antes criticaban las negociaciones o coaliciones legislativas del pasado.

Vayamos por partes. La concentración del poder suele producir abusos y corrupción. Y es que, aunque cualquier político prometa tener su conciencia tranquila, lo cierto es que es muy difícil que un político se vigile a sí mismo. Sin duda, elegir a los gobernantes mediante elecciones democráticas es una buena forma de impedir que malos gobernantes lleguen, o bien que se mantengan en el poder por demasiado tiempo. Sin embargo, las elecciones no son un mecanismo de control suficiente.

En su obra clásica, El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu explicó que, cuando el poder Ejecutivo y Legislativo se concentran en una sola persona, o bien cuando el segundo aprueba los deseos del primero sin cambiar ninguna coma, los derechos y libertades de la ciudadanía podían estar en riesgo de ser sometidos a leyes tiránicas.

Por otro lado, cuando el Poder Ejecutivo y el Judicial se concentran en una sola persona, o bien cuando la mayoría de la Corte se pliega a las preferencias de aquel, las y los ciudadanos se pueden ver expuestos a abusos de un poder que es, a la vez, juez y parte. Algo similar ocurriría si el Poder Legislativo y el Judicial se renovaran simultáneamente o si como cuerpos colegiados reflejaran las mismas preferencias: ¿quién podría resolver de manera imparcial las controversias entre poderes, o quién protegería de manera confiable los derechos de las personas ante posibles abusos del poder?

¿Cómo saber si una nueva Guardia Nacional abusa de los derechos humanos si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fuera algo más que un apéndice del Ejecutivo? ¿Cómo saber si confiar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas viola las garantías constitucionales si una mayoría de ministros estuvieran volcados en complacer al mandatario? ¿Cómo saber si una reforma electoral favorece al partido en el poder o viola los principios rectores de las elecciones libres y auténticas si el Tribunal Electoral no puede interpretar las leyes de manera independiente y autónoma?

La semana pasada, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la transferencia del control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional porque esta correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública, el Presidente de la República insistió en que presentaría una nueva iniciativa de reforma constitucional en el último mes de su gobierno.

Para lograrlo, el Presidente afirmó que buscaría que su partido consiguiera una mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones federales. Aspirar a tener una mayoría más amplia de la que ha tenido a lo largo de su gobierno puede ser una aspiración legítima. Sin embargo, ese anhelo tiene distintas implicaciones. Por un lado, implica que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, impulsada por su gobierno en 2019, ahora le parece insuficiente. También implica un reconocimiento tácito de que no podría o no querría negociar una nueva reforma constitucional con la Legislatura actual.

Conseguir una mayoría calificada en 2024 implicaría poder reformar la Constitución a su gusto, sin tener que negociar con ningún partido opositor. Poder hacer designaciones a modo en la Corte, el INE o el Inai. En resumen, poder gobernar sin los contrapesos constitucionales que les han estorbado a lo largo del sexenio. ¿Acaso anhelan volver a los tiempos del partido hegemónico?