Revocación de mandato, otra vez

Esta semana se aprobó en la Cámara de Senadores —con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención— una reforma constitucional sobre consulta popular y revocación de mandato. El dictamen aprobado en la Cámara revisora contiene cambios sustanciales a la figura de revocación inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados en marzo de este año.

En dos ocasiones anteriores, en abril de 2018 y marzo pasado, dediqué esta columna a analizar diferentes aspectos de las propuestas de revocación de mandato que el presidente López Obrador propuso durante su campaña y, posteriormente, el dictamen aprobado por el pleno de San Lázaro para que tal mecanismo entrara en vigor durante este mismo sexenio.

Al igual que antes, sigo pensando que la revocación de mandato es, en general, una mala idea. En particular, introducirla a lo largo de un mandato sexenal que ya está en marcha es peor idea aún. Hay varias razones por las cuales la figura es mala, y enseguida las enunciaré, pero la razón principal de mi crítica es que cambiar las reglas del sistema político-electoral en medio de un sexenio en marcha puede ser una forma de beneficiar o perjudicar injustamente al Presidente en turno, y eso es antidemocrático.

El caso de Baja California es acaso un ejemplo límite de este problema: pretender ampliar el mandato del gobernador una vez que conocemos la identidad del ganador es inconstitucional y antidemocrático. De manera análoga, abrir la puerta a que el mandato del Presidente en turno se vea reducido una vez que hizo campaña y rindió protesta para un cargo de cinco años y diez meses es igualmente antidemocrático. El que algunos opositores lo vean como una oportunidad para intentar remover al Presidente antes de 2024 es irrelevante para este argumento.

En todo caso, si se introdujera la figura a partir del próximo sexenio, de modo tal que no pudiéramos conocer con anticipación el potencial perjudicado o beneficiado por la figura sería lo más adecuado: legislar la suerte hipotética de un Presidente futuro y desconocido es mucho mejor idea que legislar para un Presidente en particular. Legislar bajo la pretensión de que la nueva figura “hubiera” permitido remover a presidentes del pasado es igualmente absurdo: con reglas distintas, es probable que los presidentes del pasado hubieran actuado de manera distinta.

Hay quienes celebran la aprobación de la figura como un avance importante de nuestra democracia. Frente a ese optimismo, destacaría que ningún Presidente ha sido removido mediante la figura de referéndum revocatorio en nuestro continente. A nivel local la experiencia internacional ha sido relativamente más exitosa, pero de alcances muy acotados por así decirlo.

Una razón por la cual la nueva figura puede ser preocupante es que, justamente, el común denominador de los países que han impulsado la revocación de mandato en América Latina en años recientes es contundente: presidentes populares y con amplio apoyo legislativo buscan reformar la constitución para, eventualmente, beneficiarse a sí mismos ya sea ampliando sus facultades o acotando a la oposición.

Una de las razones por las que los mandatarios difícilmente son removidos mediante referéndums revocatorios es porque la figura tiene altas barreras para lograr activarse: puede ser que el umbral de votos necesarios para activarla sea muy elevado o bien porque el umbral de participación necesario para hacerla vinculante sea igualmente elevado.

En el caso del dictamen aprobado por el Senado se requiere que un tres por ciento de las personas en la lista nominal de electores lo soliciten en un periodo de 45 días. En caso de activarse, se requiere de una participación de por lo menos cuarenta por ciento del electorado para que el resultado sea vinculante. Si el referéndum se realiza en una fecha distinta a las tradicionales jornadas electorales, tal nivel de participación puede ser difícil de alcanzar.

Los optimistas consideran que, toda vez que la revocación se logró posponer hasta el cuarto año de gobierno, ya no hay nada de qué preocuparse. Los pesimistas insisten en que, al no conocer si las verdaderas intenciones del presidente en turno son beneficiarse a sí mismo o a su partido con la figura, es una apuesta arriesgada. ¿Queremos correr el riesgo de que sea el Congreso y no los votantes quienes designen presidentes temporales?