Revocación adelantada

Mientras la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realiza foros de consulta a lo largo y ancho del país, la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para adelantar la fecha de una eventual revocación de mandato presidencial de modo que coincida con las elecciones legislativas y locales de junio de 2027. El argumento central de la iniciativa es que hacer coincidir un eventual referéndum revocatorio con las elecciones intermedias es una forma sencilla de abaratar los costos de la democracia. ¿Será cierto?

Por principio de cuentas vale la pena recordar que el proceso revocatorio data de una reforma constitucional impulsada por López Obrador, publicada el 20 de diciembre de 2019, y que fue implementada por primera vez en 2022. Según el artículo 35, fracción IX de la Constitución vigente, las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar un referéndum para revocar el mandato del titular de la Presidencia de la República.

Esta solicitud se puede realizar sólo una vez en cada sexenio, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato. Para activarlo, se requiere la firma de al menos 3% de los electores de la lista nominal provenientes de al menos 17 entidades. Es decir que, en el sexenio en marcha, el revocatorio se podría solicitar a partir de octubre de 2027.

La Constitución también señala que el referéndum revocatorio no deberá coincidir con las jornadas electorales locales o federales. Para que el resultado del revocatorio sea vinculante deberá contar con una participación de, al menos, 40% de electores de la lista nominal y que una mayoría absoluta de electores voten por revocar el mandato presidencial. Un detalle no menor es el siguiente: en caso de que la revocación prospere, el Congreso nombrará al presidente sustituto que habrá de concluir el sexenio.

En el referéndum revocatorio del 10 de abril de 2022 participó 17.7% de la lista nominal y 91.8% se pronunció porque el presidente López Obrador continuara en el cargo. ¿Acaso fueron los ciudadanos insatisfechos quienes solicitaron realizar este referéndum? Difícilmente. Más bien fue un ejercicio de autocomplacencia presidencial cuyo resultado era del todo previsible y que, dada la baja participación electoral, no fue vinculante. Sin duda, el ejercicio fue costoso, pero quizá relativamente informativo para el entonces presidente y su partido. Quizá tanto la consulta popular de 2021 como este referéndum revocatorio le permitieron al partido en el gobierno poner a prueba sus estrategias de movilización electoral y hacer los ajustes necesarios en elecciones posteriores.

Las elecciones con baja participación electoral son mucho más manipulables o susceptibles a la influencia de los partidos u organizaciones con mayor capacidad de movilizar votantes —basta analizar la pasada elección judicial—. De manera natural, si bien las elecciones intermedias suelen tener menor participación que las presidenciales, éstas sí suelen tener mayor participación que las elecciones locales o las consultas populares.

¿De verdad, la Presidenta de la República quiere poner a prueba si ella cuenta con más o menos apoyo que su antecesor en una elección con mayor participación que la de abril de 2022? Si la jornada electoral y el revocatorio ocurrieran mañana mismo, sin duda, ganaría con amplio margen. Pero si la jornada ocurrirá dentro de dos años, ¿qué tan segura puede estar la Presidenta de que seguirá manteniendo los mismos niveles de aceptación y popularidad que hoy tiene? ¿Cómo cree que actuarían los partidos políticos —sean de oposición o su propio partido— y las organizaciones de sociedad civil si supieran desde hoy que en 2027 tienen la posibilidad de revocar el mandato presidencial o, al menos, lastimar su silla?

Por último, si el argumento de ahorrar recursos fuera suficiente, entonces también se justificaría eliminar cabildos y congresos en todo el país y simplemente votar por una super presidencia que gobierne por seis años, o diez si gustan: eso también sería más barato.