Reforma electoral y consenso

En una democracia constitucional es de suma importancia que exista el máximo consenso en las reglas de la contienda electoral, y lo mismo puede decirse de las autoridades o tribunales electorales. En caso contrario, es de esperarse que los partidos o candidatos perdedores culpen al árbitro o a las reglas mismas de su derrota.

Por ello, uno esperaría que las reglas básicas de la competencia política sean conocidas, aceptadas y cumplidas por todos los actores políticos, sean estos líderes partidistas o candidatos. A diferencia de otro tipo de reglas o políticas públicas que pueden cambiar año con año, o entre un gobierno u otro, la estabilidad de las reglas electorales es una condición necesaria para la consolidación de una democracia.

La transición democrática en México se construyó con una secuencia de elecciones cada vez más competitivas, crisis electorales y reformas políticas en aras de conseguir cada vez elecciones más libres y justas. Aunque el balance general es positivo, no todas las reformas político-electorales de las últimas décadas han tenido el mismo nivel de consenso ni han sido igual de provechosas para la democracia en México.

Las reformas electorales de 2007 y 2014 respondieron, en gran medida, a agravios concretos del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su partido, el PRD. Fue justo con esas reglas y tras esas reformas que el partido en el gobierno consiguió una holgada victoria y sendas mayorías en ambas cámaras del Congreso, y un creciente número de gubernaturas.

Los propios resultados electorales observados de 2018 a la fecha permiten rechazar el argumento según el cual las elecciones en México siguen siendo fraudulentas, las reglas electorales son injustas y los árbitros electorales están sesgados en contra del partido en el gobierno. Si las leyes electorales son tan malas, ¿cómo explicar los triunfos electorales de Morena de 2018 a la fecha?

Las reformas electorales de las últimas décadas han respondido y contado con el apoyo de los partidos de oposición en mayor o menor medida. El argumento según el cual una reforma electoral promovida y aprobada por el partido en el gobierno —sin contar con cierto apoyo de los partidos de oposición— puede servir para fortalecer nuestra democracia es un sinsentido.

Hay quienes afirman que las reformas electorales recientes no contaron con el consenso de todas las fuerzas políticas —lo cual es cierto, pues la unanimidad es difícil de conseguir— y añaden que, si aquellas reformas fueron legales y legítimas, también lo serían las nuevas reformas aprobadas por la coalición legislativa del partido en el gobierno.

¿Qué dice la evidencia de las reformas más recientes? En su momento, el presidente Ernesto Zedillo reconoció que su elección no fue equitativa y convocó a buscar “la reforma electoral definitiva”. El actual Presidente participó en esas negociaciones. Años más tarde, la reforma electoral constitucional de 2007, misma que buscó atender los agravios de la elección presidencial de 2006, recibió 111 votos en el Senado y 408 votos en la Cámara de Diputados.

La reforma político-electoral de 2014, que buscó atender los agravios de la elección presidencial de 2012, recibió 409 votos en la Cámara de Diputados. Poco más tarde, en mayo de 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se aprobó con 381 votos en la Cámara, mientras que la Ley General de Partidos Políticos recibió 391 votos. En contraste, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral del Presidente sólo recibió 269 votos el 6 de diciembre pasado. Ese mismo día, el así llamado “plan B” recibió 267 votos.

Hay quien dice que las reformas electorales de 2007 y 2013 fueron cuestionables porque no contaron con aprobación unánime, mientras las reformas que están a punto de ser aprobadas este mes son un verdadero avance democrático. Insisten en que buscar los mayores consensos posibles en realidad ya no importa tanto y basta mayoritear porque ahora “les toca”. Es un argumento falaz y debe ser combatido.