Referéndum ratificatorio

Los servidores públicos de todos los niveles de gobierno hicieron lo que quisieron con el artículo 134 Constitucional.

El cómputo final del INE sobre el referendo de revocación de mandato realizado el pasado domingo 10 de abril reportó que se recibieron un total de 16.5 millones de votos, de los cuales un abrumador 91.8 por ciento votaron porque el Presidente siga en su cargo hasta el final del sexenio. La jornada tuvo una participación de 17.7 por ciento respecto a la lista nominal de 92.8 millones de electores que acudieron a 57 mil 449 casillas a lo largo del país.

Todo proceso electoral puede analizarse desde varias perspectivas y ofrece múltiples lecciones. El gobierno celebró el triunfo abrumador y culpó al INE de la baja participación, mientras que los voceros de la oposición minimizaron el ejercicio ya sea por la tasa de abstencionismo de 82%, o bien por comparar los votos que consiguió el Presidente frente a los que obtuvo su partido en 2021 o 2018. Ambas son lecturas sesgadas de la realidad pero, también, parte de ella.

Sin lugar a duda, los 15 millones 159 mil 323 votos que consiguió el Presidente sí son muchos votos y la tasa de participación observada es notable para un ejercicio cuyo resultado era por demás predecible, dado el origen y la naturaleza de la convocatoria. Es posible que, al promover el referendo, el Presidente buscara varios objetivos: ganar con la máxima participación electoral posible eran los más obvios. Consiguió lo primero, pero no lo segundo. Pero posiblemente eso no es todo. Si otro de los objetivos del referendo era demostrar la capacidad de movilización de votos del Presidente o del partido en el gobierno frente a la oposición —el así llamado músculo o maquinaria electoral gubernamental—, diría que este objetivo sí se logró: hoy por hoy, ningún partido de oposición podría haber movilizado 15 millones de votos un domingo de abril.

También es posible que la “cuota esperada” por el Presidente fuera muy superior a lo obtenido, quizá, incluso algo más cercano a los 30 millones de votos que obtuvo en 2018. De ser ese el caso, alguien tendría que explicarle el problema de tener expectativas irracionales o exigirle resultados no factibles a quienes estuvieron dispuestos a romper repetida y flagrantemente la ley con tal de demostrar lealtad a su líder y ganas de lograr la meta esperada.

Por otro lado, el resultado del referendo revocatorio también puede tener ciertos efectos moderadores en la discusión pública. Después de especular por meses sobre el posible resultado, hoy tenemos la evidencia. Por un lado, si los voceros gubernamentales o de Morena consideran o presumen el resultado como un éxito, ¿por qué insistir en seguir golpeando al INE? Por otro lado, si la oposición lo considera todo un fracaso, ¿quiere eso decir que ellos sí cuentan con 15 millones de votos en las próximas elecciones?

Por desgracia, el referendo deja muchas lecciones preocupantes: los servidores públicos de todos los niveles de gobierno hicieron lo que quisieron con el artículo 134 Constitucional: atestiguamos propaganda personalizada por doquier, abiertos llamados a incidir en la contienda desde palacio nacional, desde el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, etcétera, aunado a un millonario gasto ilegal en propaganda por parte de asociaciones civiles muy distintas a las que el Presidente suele descalificar. El referendo mostró que el así llamado “modelo de comunicación política” cada vez resulta más obsoleto: el Presidente consiguió quince millones de votos sin recurrir a spots oficiales en radio y televisión. Por su parte, la oposición también pudo llamar al abstencionismo sin tales prerrogativas.

Como ha afirmado Yanina Welp, experta en mecanismos de democracia directa: las consultas de revocación a menudo buscan desestabilizar antes que ser un verdadero instrumento de rendición de cuentas, y suelen desviar cuantiosos recursos públicos, erosionar el debate público y dañar la democracia. Un referéndum ratificatorio plagado de propaganda ilegal que busca fortalecer un régimen personalista y al partido en el gobierno, difícilmente fortalece a la democracia.

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