Prometer y gobernar
Durante las campañas, los candidatos pueden darse el lujo de hacer promesas utópicas. De hecho, parte del debate de toda campaña consiste en que candidaturas rivales contrasten propuestas y que el electorado dilucide cuáles son más interesantes, viables o atractivas. Es muy difícil que haya un consenso puesto que lo atractivo para unos puede parecer indeseable para otros. Incluso cuando un gobernante consigue una mayoría absoluta de votos, esto no necesariamente implica que todos y cada uno de quienes le apoyaron en las urnas están de acuerdo con todas y cada una de sus propuestas de campaña
Gobernar es otra cosa. Una vez en el poder, el desempeño de cualquier gobierno difícilmente logrará cumplir todo lo que prometió o, si se quiere, difícilmente logrará cumplir lo que cada votante esperaba a la hora de votar. Por ello, casi de manera inexorable, gobernar desgasta a los mandatarios y decepciona a las y los ciudadanos.
Una evidencia de este fenómeno es la llamada “luna de miel” en la que, durante algunos meses, los gobernantes gozan de una mayor aprobación o popularidad que incluso cuando estaban en campaña. La “luna de miel” termina cuando los gobernantes comienzan a tomar decisiones, impulsar ciertas políticas públicas y no otras, apoyar ciertas reformas y no otras. Conforme los gobiernos en turno asumen más y más la responsabilidad de las decisiones difíciles, la oposición puede ir reorganizándose o reagrupándose. Hoy, muchos de los problemas del país pueden achacarse al gobierno saliente. En algún momento de 2019 o 2020, muchos de los problemas del país se irán atribuyendo al nuevo gobierno.
El presidente saliente dice sentirse orgulloso de las reformas impulsadas durante su gobierno. La lista no es menor: durante el sexenio que se acaba se promulgaron reformas estructurales en materia de educación, energía, telecomunicaciones y régimen político-electoral. Otras reformas legales menores fueron la financiera, hacendaria, transparencia, laboral, competencia económica, seguridad social y procedimientos penales. De manera notablemente más lenta, se dieron los primeros pasos del llamado sistema nacional anticorrupción.
¿Fueron las reformas que “el país necesitaba”? Unas más que otras, pero no existe tal consenso. ¿Fueron las mejores reformas posibles dadas las condiciones? Seguramente no, pero tampoco puede afirmarse que todo en ellas fue malo o indeseable. ¿Estas reformas fueron determinantes en la derrota electoral del partido en el gobierno? Difícil saberlo. Quizá la derrota electoral tenga más que ver con la evidencia acumulada de corrupción, inseguridad, un crecimiento mediocre, o todo lo anterior en conjunto.
Lo cierto es que toda reforma estructural genera ganadores y perdedores. Por ello, la evidencia comparada sugiere que los gobiernos que impulsan más reformas estructurales por lo general pierden el poder relativamente pronto. Un defensor del gobierno saliente podría decir que “intentaron cambiar el país y, justo por ello, perdieron”. Sin embargo, un crítico del mismo gobierno podría decir que “impulsaron reformas variopintas, pero no pudieron dejar de robar impunemente ni restablecer la seguridad pública”. Si tan sólo no se hubiera desplomado el precio del petróleo, un factor fuera del control del gobierno, quizás este sexenio hubiera terminado de otra forma. O quizá sólo hubieran robado más y estaríamos en el mismo lugar.
El nuevo gobierno tiene frente a sí varios dilemas ineludibles. Si detrás de la prometida “cuarta transformación de la República” hay una agenda radical de reformas, el presidente entrante podría perder popularidad rápidamente. Un primer dilema será elegir cuáles de las reformas que combatió en campaña en realidad intentará cancelar y cuáles no. ¿De verdad vale la pena echar atrás la Reforma Educativa o la Energética o basta revisar algunos aspectos? ¿Vale la pena cancelar el nuevo aeropuerto?
Otros dilemas tienen que ver con la administración pública y la reorientación del gasto público. ¿Vale la pena impulsar un programa de austeridad tal que pueda paralizar o entorpecer el gobierno? ¿Se intentará combatir la corrupción o simplemente transferir recursos de unos rubros a otros? ¿Los nuevos programas sociales estarán libres de corrupción? ¿Se ampliará el gasto social sin fomentar el clientelismo que se prometió combatir en campaña? ¿Se impulsarán las políticas públicas que más convengan al país en general o las que ayuden a consolidar una nueva fuerza política? No se puede todo.
Profesor-investigador del CIDE