México enfrenta un riesgo económico que puede volverse problema político si no se contiene a tiempo: que el costo de la vida vuelva a correr más rápido que el ingreso. En febrero, la inflación anual llegó a 4.02%, por encima del rango objetivo del Banco de México. No es un dato abstracto. Se traduce en presión sobre la gasolina, el transporte, los alimentos y los servicios; es decir, sobre el espacio más sensible de cualquier gobierno: la vida cotidiana.
Las amenazas están a la vista. La primera viene del exterior y pasa por la energía. La guerra en Oriente Medio elevó el precio internacional del petróleo y México ya respondió con estímulos fiscales para la Magna, la Premium y el diésel, además de renovar la estrategia para mantener la gasolina regular por debajo de 24 pesos por litro. La lógica es simple: cuando sube el combustible, sube también el costo de mover mercancías, distribuir alimentos y operar buena parte de la economía. La segunda amenaza entra por la relación con EU. La revisión del T-MEC arrancó el 16 de marzo en un entorno áspero, con presiones comerciales todavía presentes y con Washington usando la incertidumbre como herramienta de negociación. Para México, que depende del mercado estadunidense como ningún otro, una revisión mal llevada no sería un debate técnico: significaría menos inversión, menor crecimiento y más presión sobre los precios.
La tercera amenaza es interna. A principios de 2026 coincidieron cambios fiscales, nuevos aranceles y un aumento de 13% al salario mínimo. Cada decisión tiene su justificación. El problema aparece cuando varias llegan al mismo tiempo a una economía débil. El Banco de México lo resumió con sobriedad al decidir mantener su tasa: hay que medir el efecto de los cambios fiscales de inicio de año, del tipo de cambio y de la debilidad económica antes de seguir relajando la política monetaria. La pregunta, entonces, no es si el gobierno ya identificó el problema. La pregunta es si está armando una respuesta suficiente. Hasta ahora, Claudia Sheinbaum ha seguido una ruta que tiene un rasgo central: responsabilidad. Responsabilidad para no negar las amenazas, para no sobrerreaccionar y para usar al Estado como amortiguador.
Esa ruta ya tiene varios componentes. Uno es el PACIC, renovado para mantener en 910 pesos la canasta básica acordada con productores y cadenas de autoservicio. Otro es la contención de combustibles, que busca evitar que un choque externo se convierta en castigo doméstico. Un tercero es la conducción de la revisión del T-MEC con una prioridad clara: reducir incertidumbre para cuidar inversión, empleo y precios. A eso se suma el esfuerzo por reactivar el crecimiento mediante más crédito para pequeñas y medianas empresas, más financiamiento productivo y más infraestructura. En una economía que avanzó apenas 0.8% en 2025, contener la inflación también exige mover la oferta. Sin crecimiento, cualquier alivio dura menos. También está la red de apoyo social. Los Programas para el Bienestar no bajan por sí solos la inflación, pero sí sostienen el ingreso de millones de hogares cuando la vida se encarece. Pensiones, becas y apoyos directos funcionan como un colchón en momentos de presión. En un contexto de riesgos externos, esa red reduce el golpe sobre las familias y ayuda a que el ajuste no recaiga por completo en sus bolsillos.
Vista en conjunto, esa combinación merece un nombre: Bolsillo del Bienestar. No como lema, sino como definición de una política integral. Consiste en usar acuerdos de precios, apoyos a combustibles, defensa comercial, crédito, inversión y protección social para impedir que los choques externos vacíen el ingreso de las familias mexicanas. Sheinbaum no controla el precio del petróleo ni el tono de Washington. Lo que sí puede hacer —y eso define su estilo de gobierno— es ordenar al Estado para que esos golpes lleguen lo menos posible a la mesa de los hogares.
Ahí está, hasta ahora, el eje más claro de su Presidencia: contener riesgos y administrar tensiones con responsabilidad. Vale para los precios y vale también para la seguridad, el otro gran frente que concentra la energía del Estado. Lo demás importa, pero gira en torno a esa doble obligación. En política, la estabilidad no se presume: se siente. Y se siente, sobre todo, cuando la familia puede llenar el tanque, pagar el transporte y hacer el mandado sin que cada quincena se vuelva una cuesta imposible.