Presidenta de la Corte

El pasado lunes 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a la ministra Norma Lucía Piña Hernández como la primera presidenta del máximo tribunal constitucional del país, así como del Consejo de la Judicatura Federal, para el periodo 2023 a 2026.

Cada cuatro años, los once integrantes del pleno de la Corte eligen a su propio presidente. En esta ocasión, dos ministras —Norma Piña y Yasmín Esquivel— y tres ministros —Javier Laynez, Alberto Pérez y Alfredo Gutiérrez— se postularon como aspirantes para presidir la Corte una vez que concluyera el mandato del ministro Arturo Zaldívar. Cuatro de los cinco aspirantes llegaron a la Corte en sexenios pasados. A lo largo de su sexenio, el Presidente ha propuesto a cuatro de 11 integrantes de la Corte, pero sólo una de ellas buscó la presidencia.

Cabe recordar que el ministro Zaldívar llegó a la Suprema Corte a propuesta de Felipe Calderón en 2009 y no fue sino hasta 2019 que consiguió la presidencia del Poder Judicial. Norma Piña llegó a propuesta de Peña Nieto en diciembre de 2015, tras la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero, y hoy será la primera presidenta de la Corte en la historia.

Dejando de lado toda la controversia en torno a la tesis de la ministra Esquivel, lo cierto es que hubiera sido extraño que ganara la presidencia de la Corte alguien que apenas en 2019 había sido propuesta por el Ejecutivo en turno. Dicho de otro modo, luce complicado que un ministro o ministra con poca experiencia o antigüedad en el pleno cuente con suficiente apoyo y confianza de sus propios pares. En un sistema democrático de pesos y contrapesos, el escalonamiento en las designaciones importa tanto como la antigüedad en el cargo.

Por ello, es posible que las votaciones del pleno observadas el lunes pasado reflejaran en parte la lógica anterior. En la primera ronda de votaciones ningún aspirante tuvo mayoría: Piña recibió tres votos y los demás aspirantes dos votos cada uno. En la segunda ronda, Piña volvió a recibir tres votos; Gutiérrez, cuatro; Laynez, dos, y Esquivel y Pérez, sólo uno cada uno. Finalmente, en la tercera ronda entre los dos punteros, Piña obtuvo seis votos y Gutiérrez, cinco. El presidente López Obrador hizo más que evidente su preferencia por la ministra Yasmín Esquivel para el cargo. Sin embargo, ésta no consiguió más de dos votos. Así las cosas, este resultado no debería sorprender a quienes valoran la autonomía e independencia de la Corte.

En una democracia consolidada, un escándalo como el detonado en semanas pasadas detonaría la renuncia inmediata de la persona implicada o, al menos, la declinación de su candidatura —a fin de proteger la credibilidad del Poder Judicial—. Después de todo, el Presidente siempre podría proponer una nueva terna para la silla vacante. Claramente, no somos ese país todavía.

El mismo lunes, poco antes de la votación en la Corte, el presidente López Obrador había reprochado que “de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda”. El Presidente tiene clara la aritmética de la Corte, pues afirmó: “Para que se declare inconstitucional una ley se requieren dos terceras partes, entonces de los 11 ministros si se cuenta con cuatro, ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley (…) cuatro que defiendan el proyecto de transformación”.

Más allá de la controversia en torno a la elección y los aspirantes, coincido con Pedro Salazar, especialista en la materia, en que la llegada de la ministra Piña a la presidencia “es un nombramiento justo e histórico”, y no el fruto de un accidente imprevisible. También coincido con Melissa Ayala, especialista en asuntos del Corte, en que la designación denota tiempos de cambio: “La Corte será presidida por una ministra de carrera judicial, capaz, empática y con el corazón en la agenda feminista”. Enhorabuena por su llegada y lo que significa para la independencia del Poder Judicial.