¿Populismo legislativo?

El próximo 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución, el Presidente ha anticipado que anunciará un ambicioso conjunto de reformas constitucionales. Cuando se den a conocer los detalles, comentaré en este espacio las ventajas o desventajas de algunas de ellas. Hoy me ocuparé de una pregunta previa: ¿por qué un presidente decidiría presentar iniciativas de reforma constitucional en la segunda mitad o, como es el caso, en los últimos meses de su mandato a sabiendas de que no prosperarán?

Como sabemos, la composición del Congreso le resultaba más favorable entre 2018 y 2021, cuando al sumar las curules del PVEM a las de la coalición Morena-PT-PES, el gobierno estaba cerca de lograr una mayoría calificada en la Cámara baja. Aunque las hubo, en aquellos momentos, el mismo Presidente advirtió que no impulsaría grandes reformas constitucionales.

Después de las elecciones legislativas de 2021, la bancada de la coalición Morena-PT-PVEM se redujo a sólo 55% de la Cámara, con lo que conseguir la mayoría calificada para reformar la Constitución se volvió más complicado que en la primera mitad del gobierno. En ese contexto se presentaron dos reformas constitucionales que no prosperaron: una energética y una electoral. La reforma energética fue rechazada poco antes de la jornada de revocación de mandato en 2022 —lo cual no obstó para que los voceros oficialistas la usaran como bandera de campaña de aquel extraño ejercicio de autocomplacencia presidencial—.

La reforma electoral se votó en diciembre de 2022 y, al rechazarse el así llamado plan A, de inmediato se presentó y se aprobó sin mayor discusión el plan B, una maltrecha reforma a nivel de leyes secundarias. El desaseo fue tal que, al final del día, ni el plan A ni el plan B sobrevivieron. De hecho, se espera que algo similar ocurra con el cúmulo de reformas aprobadas al finalizar el segundo periodo ordinario de la LXV Legislatura, en abril de 2023.

El cúmulo de iniciativas de reforma del Presidente que han sido rechazadas en el pleno de una u otra Cámara a lo largo de este sexenio permiten preguntarse si acaso al Presidente no le importan tales fracasos legislativos. ¿Lo que en otros regímenes presidenciales suele verse como una señal de fracaso, de incapacidad de construir o negociar acuerdos, aquí debe verse como señal de éxito? ¿Acaso el Presidente piensa ser juzgado, no por sus logros, que los hay, sino además por sus iniciativas no aprobadas?

Hay quien dice que al electorado no le importan tanto tales fracasos legislativos —“eso es un tema de círculo rojo”-—, sino que tales iniciativas en realidad tienen como propósito dar una señal del voluntarismo o las buenas intenciones del Presidente. No importan los resultados, ni el rechazo ni las buenas o malas razones discutidas en el pleno, sino los slogans que cada iniciativa permita usar en campaña. ¿Será?

Otra posibilidad (no excluyente con la anterior) es que las iniciativas que están por presentarse el 5 de febrero sean un mecanismo para identificar lealtades antes de aprobar tal o cual candidatura, o incluso una forma de acotar o restringir el margen de acción del futuro gobierno o la próxima legislatura. Así, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum —y cualquiera que busque una candidatura legislativa con Morena—, tendrá que hacer campaña apoyando estas iniciativas y comprometerse públicamente a impulsarlas durante su sexenio en caso de ganar.

Un problema de esta posible estrategia es que obliga a las y los candidatos de Morena a ofrecer un mensaje contradictorio durante las campañas. Es posible que, en ciertos contextos, para asegurar el triunfo les convendría ofrecer un discurso moderado: “No se preocupen, la doctora es menos radical que el licenciado”, que es un mensaje reiterado en algunos pasillos o eventos cerrados. ¿Eliminar contrapesos, desmantelar el Poder Judicial, o prometer pensiones impagables les parece mala idea? No se preocupen, durante la campaña tienen que apoyar todo esto, pero una vez en el poder, nada les obligará. ¿Será?