Periodismo bajo amenaza

Cuando se condena el creciente número de asesinatos de periodistas en México, no se trata de hacer una distinción entre ciudadanos de primera o segunda categoría ni de explotar políticamente una tragedia —una de tantas otras,
de hecho, como la pandemia o el estancamiento económico —, como mañosamente argumentan algunos defensores del gobierno, sino que se condena y se exige justicia porque estos homicidios son una señal ominosa para cualquier democracia.

El Presidente ha querido relativizar o minimizar la gravedad de estos hechos de muchas maneras. Ya sea comparando el asesinato de periodistas con los miles de homicidios que ocurren al año “en estos dos meses y medio han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, y de esos cinco mil, cinco periodistas”. Ya sea descalificando a la prensa nacional, extranjera o al Parlamento Europeo mismo. Apenas ayer aclaró que estos asesinatos “no son crímenes de Estado, nunca vamos a mandar matar a nadie”, e insistió en que “no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Acaso algún presidente reciente ha ordenado matar periodistas? De ser así, ¿por qué no se les han imputado responsabilidades?

Este tipo de distractores y respuestas falaces sorprenden por doble vía. Por un lado, porque presidentes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto declaraban argumentos similares en su momento. Por otro lado, porque estas declaraciones eximen de responsabilidad a todos los niveles de gobierno, sean federal, estatal o local. ¿Acaso el Presidente es un fiscal sumario y expedito de cada homicidio? ¿Basta repetir una y otra vez que lo que importa son las nobles intenciones y no los resultados de un gobierno?

¿Cuál de las trece peticiones de la más reciente resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos en México le pareció infundada o inatendible al presidente? ¿Condenar las “amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, incluidos defensores del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas”? ¿Es excesivo pedir que se investigue esta creciente ola de asesinatos de manera “rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”? ¿Es injustificado pedir al gobierno que se adopten “todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos en consonancia con las normas internacionales establecidas”?

El Presidente y sus voceros han insistido en hacer una muy extraña distinción entre los verdaderos o legítimos periodistas y quienes, a decir suyo, son mercenarios al servicio de grupos de interés. ¿Corresponde al gobierno señalar lo que le parece buena y la mala prensa? ¿Y si, en vez de descalificar a tantos medios y periodistas, nos indica en qué medios sí podemos confiar? ¿Y si, en vez de descalificar a medios y periodistas, o amenazar con revelar sus datos personales, el gobierno respondiera con datos verificables los cuestionamientos puntuales que se le están haciendo? Si todo lo anterior se lo pide cualquier periodista o ciudadano mexicano, ¿también lo descalificará?