Militarización al vapor

La forma en que se está procesando una eventual reforma constitucional para ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas pueden utilizarse en tareas de seguridad pública muestra lo vulnerable que es nuestro régimen de separación de Poderes cuando un partido tiene mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

En principio de cuentas, consideremos el fondo del asunto. El proyecto de Guardia Nacional, originalmente aprobado por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados a inicios de 2019, consistía en crear una institución militar nueva. Aquella propuesta inicial fue rechazada en el Senado y fue allí mismo donde, fungiendo su papel como cámara revisora, se introdujo el acuerdo constitucional vigente que sería aprobado por amplio consenso en marzo de 2019: una institución policial de carácter civil.

Por lo tanto, la reforma legal aprobada hace unos días para que el control operativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional va a contrapelo de la reforma constitucional de 2019 y del acuerdo político subyacente. Del mismo modo, la reforma constitucional que ahora se discute para ampliar de cinco a nueve años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública también contradice la reforma de 2019. Es decir, que el Presidente y su bancada legislativa quieren deshacer ahora el acuerdo político que ellos mismos aceptaron en materia de seguridad pública y Guardia Nacional en 2019.

¿Cuál es el diagnóstico o la evidencia que respalda ambas reformas? No lo conocemos del todo porque el dictamen de 19 páginas que se discutió ayer en el Senado no lo contiene, ni las intervenciones de las y los legisladores que se manifestaron a favor han sido capaces de argumentarlo públicamente. Más que ofrecer argumentos o evidencia ante la sociedad, pareciera que el gobierno ha buscado diversas formas de presionar a la oposición.

Según el dictamen del Senado, al 31 de marzo de 2022, la Guardia Nacional cuenta con 113 mil 863 elementos, la gran mayoría de los cuales provienen de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el gobierno presume una disminución de 9.1% en los homicidios dolosos registrados entre 2019 y 2021. Otro argumento frecuentemente utilizado es que las encuestas de opinión pública muestran que la población tiene mayor confianza en el Ejército que en las policías. ¿Estos elementos justifican una reforma constitucional que mantenga al Ejército en las calles por nueve años?

Del otro lado están numerosas quejas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y recomendaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado repetidas veces al Estado mexicano a “abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública”, recomendando que la política de seguridad se construya en “concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad”.

Ante un inminente rechazo en el pleno del Senado, el día de ayer se retiró el dictamen. Ahora la comisión de puntos constitucionales tendrá hasta 10 días hábiles de plazo para producir un nuevo dictamen. Si el Senado aprueba una reforma distinta a la que le remitió la Cámara de Diputados, ésta tendrá que votarse nuevamente en la Cámara de origen. Si ambas Cámaras difieren sobre la reforma que debe aprobarse, el asunto ya no podría discutirse, sino hasta el próximo periodo de sesiones.

Es posible que el bloque opositor del Senado se fragmente—tal y como ya ocurrió en San Lázaro la semana pasada— y la reforma logre ser aprobada. También es posible, aunque menos probable, que la bancada morenista del Senado se fragmente y la reforma fracase. En cualquier caso, por desgracia, pareciera que importan más los cálculos electorales de 2023 o 2024 que el peso de la evidencia y la seguridad de los mexicanos.