¿Militarización a consulta?

El Presidente de la República ha sugerido someter a consulta un delicado asunto de seguridad nacional. La mañana del pasado martes 27 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que no se trataría de una consulta popular, propiamente dicha, sino de un “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”. Luce difícil entender la diferencia, pero así lo anunciaron.

Este peculiar ejercicio se realizaría en enero del año próximo y estaría a cargo de la propia Secretaría de Gobernación con el apoyo de un comité ciudadano honorífico. Adicionalmente, se pediría el apoyo de las secretarías de Gobernación de cada entidad y otros comités ciudadanos. Se trataría, en resumidas cuentas, de una consulta organizada por el propio gobierno en todas las entidades y municipios del país —justo como se organizaban las elecciones antes de la creación del Instituto Federal Electoral—.

Las tres preguntas sugeridas por el gobierno federal son las siguientes. En primer lugar: “¿Está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Sí o no”. En segundo lugar: “¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024?”. Tercero: “¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?”.

¿Por qué la Segob quiere darse a la tarea de organizar esta consulta sui generis? Quizá sea porque el artículo 34 constitucional, reformado apenas en diciembre de 2019 por este gobierno, establece claramente que está prohibido someter a consulta popular “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.

Hay varias razones por las que esta propuesta es problemática y, posiblemente, francamente inconstitucional. Por principio de cuentas, habría que preguntarse la razón de ser de la prohibición constitucional misma: es posible que, en general, no sea buena idea someter a consulta asuntos tan delicados como la seguridad nacional, los ingresos y gastos del presupuesto público, o el régimen democrático mismo.

Supongamos, por ahora, que obviamos tales inconvenientes. ¿Acaso el gobierno no puede realizar encuestas o sondeos de diversa índole para informar mejor la toma de decisiones públicas o su agenda legislativa misma? Sin duda. Ahora bien, ¿qué tan confiable puede ser un ejercicio participativo organizado por el propio gobierno que ha sugerido ampliar las labores de las Fuerzas Armadas hasta 2028? ¿Por qué no recurrir a algún organismo autónomo especializado en organizar elecciones y consultas?

Pero obviemos el tema de la organización. Supongamos que se realiza, que algún organismo confiable organiza la consulta, sondeo o encuesta. De hecho, no sorprendería que el mismo gobierno ya haya realizado encuestas al respecto: sería absurdo que propusieran un ejercicio en el que anticiparan su derrota. Si este sondeo resultara favorable, ¿sería razón suficiente para reformar la Constitución en los términos sugeridos?

Según datos del Inegi, en 2021 se registraron 2.9 por ciento menos homicidios dolosos que en 2018, el último año de Peña Nieto, y 3.1 por ciento menos homicidios que en 2020. Es un avance que debe reconocerse. Sin embargo, a menos que las tendencias cambien abruptamente, este sexenio podría concluir con un total de homicidios dolosos mayor al del pasado. Al mismo tiempo, hoy hay más denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la Guardia Nacional que contra las Fuerzas Armadas. Con base en esta información, ¿cómo respondería las tres preguntas planteadas por el gobierno? ¿Qué tipo de información adicional requeriría para decidir su respuesta? ¿El gobierno la ha puesto sobre la mesa?