La plaza de todos

La descalificación y los ataques ad hominem son una de las herramientas argumentativas más frecuentemente utilizadas por el gobierno en turno. Eran quizá la principal arma de López Obrador durante sus conferencias matutinas, y cada vez son más recurrentes en las ...

La descalificación y los ataques ad hominem son una de las herramientas argumentativas más frecuentemente utilizadas por el gobierno en turno. Eran quizá la principal arma de López Obrador durante sus conferencias matutinas, y cada vez son más recurrentes en las conferencias de la presidenta Sheinbaum. Aunque pueden ser persuasivos ante cierto público, los ataques ad hominem son una falacia lógica: en vez de refutar un argumento o responder algún cuestionamiento, se ataca o descalifica a la persona ya sea por su identidad, afiliación o sus presuntos intereses.

Otras estrategias retóricas desplegadas en la comunicación política del oficialismo son negar los hechos —los famosos otros datos—, minimizar los problemas y eludir a toda costa las responsabilidades que, ineludiblemente, tiene un partido o grupo político en el gobierno tras siete años en el poder.

El mensaje subyacente que se nos repite, una y otra vez, es que las únicas personas con suficiente legitimidad democrática para actuar o bien pronunciarse por los intereses de la sociedad son la Presidenta y su partido. Se asume mañosamente que la voz presidencial es, siempre y en todo momento, la voz del pueblo, la única voz verdadera y legítima. Todas las demás personas, organizaciones o partidos merecen desconfianza y sospecha: son corruptos, neoliberales, de derecha, o responden a intereses oscuros.

Las primeras reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el lamentable asesinato de Carlos Manzo fueron muy lamentables. Durante la conferencia de prensa del 3 de noviembre pasado, la Presidenta fustigó a la prensa y a todas las personas que mostraron indignación en redes sociales acusándolos de ser carroñeros de derecha. Asimismo, pidió no “politizar la tragedia” mientras recurría una vez más al gastado argumento que la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado inició con Felipe Calderón.

Antes y después de las manifestaciones del pasado 15 de noviembre, la Presidenta volvió a descalificar a quienes convocaron, primero, y a quienes participaron en ellas, después —y nuevamente anunció que se haría una investigación de las personas involucradas—. Por un momento, pareciera que el gobierno federal estuviera mucho más preocupado por señalar y descalificar a cualquier persona u organización que se atreva a criticarlo o a cuestionarlo, que a resolver los numerosos expedientes abiertos de corrupción y/o gobernanza criminal que se han dado a conocer de un tiempo a esta parte en Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas o Michoacán.

El problema es que, en una democracia constitucional, una sola voz nunca puede ser suficiente para representar al pueblo o a sus intereses. Los derechos humanos y políticos, las libertades de expresión, asociación y manifestación son derechos de las y los ciudadanos. Ninguna persona, representante o gobernante puede restringirlos o suspenderlos sin las debidas garantías.

Al gobierno parece incomodarle demasiado que haya habido una convocatoria a una manifestación a nombre de las y los jóvenes de la así llamada generación Z. Sospecho que, si la convocatoria hubiera sido a nombre de la generación X o la de los millennials, también les hubiera incomodado: el gobierno asume que la única representación popular válida y legítima es la del partido gobernante. En el caso de la Ciudad de México, los voceros gubernamentales presuponen que el Zócalo es una plaza de acceso restringido: el gobierno o su partido lo puede llenar las veces que guste, mientras que quienes se atrevan a cuestionarlo o criticarlo encontrarán vallas y numerosos obstáculos.

La violencia y la represión observadas en el Zócalo el sábado pasado no debe repetirse: es inadmisible en una democracia. Por otro lado, hago votos para que más ciudadanos, sean simpatizantes partidistas o no, jóvenes o no, ejerzan sus derechos y libertades más seguido. Criticar al gobierno, cuestionarlo, exigir que nuestros representantes rindan cuentas y asuman responsabilidades por sus decisiones no implica ser de derecha, neoliberal o corrupto. Quienes hoy gobiernan lo tenían claro cuando eran oposición y de súbito parecen olvidarlo. Habrá que recordárselo.

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