La amenaza de la guerra

Hace tan sólo unas semanas, las noticias que llegaban desde Israel consistían en las reiteradas protestas y manifestaciones en contra de los intentos del primer ministro Benjamin Netanyahu por reformar el Poder Judicial y reducir las facultades de la Suprema Corte. A decir del primer ministro de una coalición de partidos de derecha, la Corte carece de legitimidad democrática para acotar al gobierno por no ser elegida mediante el voto directo —un argumento falaz al que recurren mandatarios de muy diversas latitudes—.

Desde hace décadas, a Israel se le considera como una democracia parlamentaria con sólidas instituciones y un desempeño económico sobresaliente. En una región donde abundan los regímenes autoritarios, Israel destaca como una democracia consolidada. Sin embargo, el régimen israelí no está libre de críticas. Hay quienes lo consideran un Estado que discrimina y oprime a la población árabe, así como a otros grupos étnicos y religiosos.

Según encuestas recientes, de realizarse elecciones este año, era muy probable que la coalición de Netanyahu —quién ha sido primer ministro en tres periodos distintos, acumulando un total de 16 años en el poder—, perdiera el poder. En ese contexto, puede decirse que la democracia ya estaba en riesgo en Israel antes de los terribles acontecimientos de la última semana. Es posible que el renovado conflicto armado entre Israel y Hamás sólo agravará la situación porque Netanyahu tendrá nuevos argumentos para concentrar más poder.

La experiencia histórica demuestra una y otra vez que, cuando hay miedo generalizado, la población puede estar más dispuesta a renunciar o sacrificar derechos y libertades fundamentales —o bien sacrificar el Estado de derecho mismo—, con tal de sentirse más seguros o protegidos. Las presuntas o reales amenazas externas o internas pueden ser utilizadas por líderes autoritarios para prolongarse en el poder, pero también pueden ser utilizadas por líderes democráticos para restringir derechos y libertades.

Más allá de amenazas contra la seguridad de la población o la soberanía de los países, un patrón recurrente de las recientes regresiones democráticas observadas en el mundo en años recientes es el avasallamiento del Poder Judicial —y los contrapesos en general—, así como las restricciones a derechos políticos y libertades civiles.

El grupo islámico Hamás llegó al poder en Gaza desde 2006 y desde entonces ha gobernado como un régimen de partido único y ha estado en conflicto con la autoridad palestina del banco oeste. El pasado fin de semana, grupos terroristas de Hamás atacaron a la población de Israel de manera indiscriminada. Al día siguiente, el gobierno de Israel bombardeó Gaza. Las escenas en ambos frentes han sido terribles.

Es inaceptable que la población civil sea asesinada de este modo. Los asesinatos masivos son moralmente indefendibles, sean quienes fueren las víctimas. Se equivocan quienes argumentan que unos asesinatos son moralmente más justificables que otros.

Los ataques terroristas de Hamás contra cientos de civiles israelitas son totalmente injustificables. Estos crímenes de guerra deben ser perseguidos: los líderes de Hamás deben ser traídos a cuentas. Pero al igual que las víctimas de Israel, los bombardeos sobre la población de Gaza han asesinado a cientos de familias indefensas e inocentes. Si se presume democrático, el gobierno de Israel debe respetar las leyes internacionales y no castigar a la población palestina por el terror de Hamás.

Por desgracia, la discusión pública sobre lo que viene será polarizada. A decir de Timur Kuran, especialista en desarrollo económico y Oriente Medio: “La vieja dimensión izquierda-derecha se vuelve irrelevante al describir las reacciones ante el horror que está en marcha. El tribalismo priva por doquier y las personas excusarán crímenes atroces por la simple razón de que las víctimas pertenecen a otro bando”.