¿Intimidación a la comunidad académica?

Hasta donde recuerdo, mi nombre ha sido mencionado tres veces en alguna de las conferencias de prensa matutinas de la Presidencia de la República. La primera fue en septiembre de 2020, cuando el equipo de comunicación de la Presidencia consideró que mis opiniones en este espacio —en el que escribo desde hace ya diez años— eran críticas al gobierno en turno. Si mal no recuerdo, en aquellos meses, con ese tipo de evidencia parcial se pretendía documentar que este era el gobierno más criticado desde Francisco I. Madero.

La segunda mención ha ocurrido de manera reiterada, puesto que yo fui una de las personas que firmaron un desplegado público respaldado por decenas de personas sobre las elecciones presidenciales de 2006 y que incomoda mucho al Presidente.

La tercera ocurrió este miércoles 3 de mayo, cuando la directora general del Conacyt, la doctora Ma. Elena Álvarez-Buylla, expuso las presuntas bondades de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Una de las 11 láminas de su presentación estaba titulada: “CPI neoliberales: desvío de funciones; redes de intereses creados”. A decir suyo, en ella se presentaba “una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país, y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos”.

La lámina incluye los nombres de más de 15 colegas, profesores o exprofesores del CIDE, así como el de diversas instituciones como una forma de insinuar vínculos indebidos. Mis colegas y yo fuimos acusados de colaborar de manera sospechosa con instituciones como la UNAM, la SCJN, el INE, el Inai, la Universidad de Guadalajara, el ITESM, México Evalúa, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, la red Pro Ciencia y diversos medios impresos.

Según la radiografía del Conacyt, mi nombre causa sospecha por estar vinculado al Sindicato del Personal Académico del CIDE. ¿Acaso tener un sindicato académico nos hace neoliberales? ¿Participar en el consejo directivo de un sindicato es un desvío de funciones? Álvarez-Buylla ha manifestado que la nueva ley garantizará las libertades académicas. Si esto es cierto, ¿cómo explicar los reiterados ataques y descalificaciones al profesorado de un centro público de investigación?

La nueva ley centraliza la toma de decisiones en Conacyt y al interior de cada centro público de investigación, cancela el derecho a votar en cuerpos colegiados, y compromete las libertades de cátedra e investigación. En vez de proteger las decisiones colegiadas, respetar la pluralidad y las libertades académicas —algo que, en verdad, sería transformador—, vuelve a los centros públicos una paraestatal más. Lo anterior no es sólo una suposición mía, es justo la forma en que Conacyt nos ha tratado a lo largo de este sexenio y son los modos y formas que la nueva ley normaliza.

Comparto plenamente el reciente posicionamiento de la asamblea académica del CIDE. Rechazamos que se estigmatice el trabajo de las y los investigadores de un centro público de investigación que, por mandato de ley, debe generar conocimiento y vincularse con instituciones públicas, privadas y sociales.

Nos preocupa que el mensaje de la doctora Álvarez-Buylla sea una forma de intimidación hacia quienes, en ejercicio de sus derechos y libertades, hemos expresado desacuerdos con la actual política de ciencia y tecnología. ¿Por qué no se toleran las voces críticas en la comunidad académica?

Las y los profesores del CIDE reiteramos nuestra voluntad de diálogo con el gobierno federal y nuestro compromiso con el desarrollo científico y social del país. Al mismo tiempo, exigimos respeto a la legalidad y las libertades académicas que deben garantizarse en un centro público de investigación propio de una democracia constitucional.