Impasse constitucional

Esta semana, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma legal del 9 de septiembre pasado, según la cual se transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La sentencia consiguió ocho votos a favor y tres en contra. Con esta resolución, la Corte puso un importante freno a la militarización de la seguridad pública del país.

Cabe destacar que el proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, y que éste fue apoyado por la ministra Margarita Ríos Farjat, quienes llegaron a la Corte a propuesta del presidente López Obrador. Por otro lado, los tres votos en contra fueron de Arturo Zaldívar, quien llegó a propuesta de Felipe Calderón —y en 2018 combatió con vehemencia la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto—, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes fueron propuestas del presidente en turno. Esto quiere decir que al menos dos de los cuatro nuevos integrantes de la Corte decidieron defender la Constitución antes que las preferencias del presidente que los propuso. La agencia importa.

Este miércoles, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó en redes sociales que: “La decisión de reformar la Constitución para que la Guardia Nacional dependiera de la Sedena con una comandancia propia, que no del Ejército, fue apoyada por el Constituyente conformado por la mayoría calificada de las cámaras de diputados y senadores, y los congresos locales que conocen la Constitución y la realidad de sus entidades”. La afirmación es totalmente falsa. La Corte invalidó una reforma legal decretada el 9 de septiembre de 2022, por ser contraria al texto del artículo 21 constitucional, reformado el 26 de marzo de 2019, éste sí, con mayoría calificada. Ambas reformas fueron impulsadas por el partido en el gobierno, de modo que la contradicción entre la Constitución y las leyes secundarias son de manufactura propia de este gobierno.

El artículo 21 de la Constitución no deja demasiado lugar a dudas, pues ordena que: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Además, en un párrafo adicionado en 2019, enfatiza que: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”. Así las cosas, transferir el control operativo de la Guardia Nacional a Sedena constituía para algunos ministros de la mayoría un fraude a la Constitución. Para los de la minoría era sólo un detalle menor.

Desde inicios de este mes, el pleno del Inai no tiene quórum para sesionar. Desde el año pasado, el Senado debió designar a dos nuevos comisionados y uno más este año. Al gobierno le incomoda mucho el Inai. Sin embargo, la Constitución ordena que exista un organismo autónomo “responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales”.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, considera que “el Inai es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”. Sobre la falta de designación de comisionados, él mismo considera que un “periodo de impasse” es un “mundo ideal” para el gobierno.

Si el gobierno no está de acuerdo con el funcionamiento del Inai, podría buscar construir acuerdos para designar a tres comisionados con espíritu transformador. Por otro lado, podrían intentar reformar las leyes o la Constitución misma. Pero no. En vez de eso, el secretario invita a los senadores a violar la Carta Magna y paralizar al Inai. ¿Acaso el gobierno tiene aversión a la transparencia? Nos encontramos en un impasse constitucional creado por el propio gobierno.