Gobernanza criminal

De un año a la fecha, han sido asesinados diez presidentes municipales en el país. Tres en municipios de Guerrero —Chilpancingo, Malinaltepec y Metlatónoc—. Tres más en municipios de Michoacán: Cotija, Tacámbaro y, ahora, en Uruapan. Yolanda Sánchez, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, fue secuestrada y liberada en septiembre de 2023, para luego ser asesinada al día siguiente de las elecciones de junio de 2024.

A lo largo del mandato de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, han sido asesinados siete presidentes municipales. Carlos Manzo Rodríguez —licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública por el ITESO y quién ganó la presidencia municipal como candidato independiente con 66% de votos— fue ultimado el 1 de noviembre pasado en una plaza pública durante las celebraciones del Día de Muertos. Su familia y población presenciaron la tragedia. 

Su asesinato ha generado más indignación que muchos otros no sólo por la forma en que fue atacado, sino porque, desde tiempo atrás, Carlos Manzo había anunciado que no cedería ante las extorsiones del crimen organizado, advirtió diversas amenazas contra su vida y solicitó reiteradamente al gobierno federal un apoyo que nunca llegó o claramente fue insuficiente.

La primera reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa del lunes pasado, fue lamentable. En vez de enfocarse en la situación crítica que tenía frente a sí, una vez más pidió no politizar la tragedia mientras nos recordaba, una vez más, “la guerra de Calderón”, y acusó a la prensa y a quienes se indignaron en redes sociales durante el fin de semana como carroñeros de derecha. De hecho, la Presidenta anunció que harían una investigación en las redes sociales porque les parecía sospechosa tanta indignación y quizás había mucho dinero detrás. 

Un día después, el martes, la Presidenta intentó corregir la plana y anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Más que un plan, fue un boceto porque antes prometieron escuchar a las comunidades y a diversos sectores sociales para anunciar medidas concretas la semana próxima en tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación. Es un poco extraño que este plan se anuncie tras un año en el gobierno, pero algo es algo.

El gobierno busca que se le aplauda por la disminución observada en el número de homicidios. Muy bien, aquí está. Es claro que ha ocurrido un cambio de estrategia y que ésta ha dado mejores resultados que los del gobierno de López Obrador a lo largo de seis años. Sin embargo, el problema de la violencia y la inseguridad es más complejo que la cifra general de homicidios. Como han señalado los estudios recientes de Sandra Ley, profesora del Tec de Monterrey y experta en las consecuencias políticas de la violencia criminal, en los últimos años han aumentado significativamente los ataques a candidatos, servidores públicos y representantes populares.

El crimen organizado recurre a diferentes formas de violencia, desde amenazas, ataques armados, desapariciones forzadas, hasta asesinatos contra candidatos y autoridades. Si ponemos énfasis en los ataques a funcionarios y candidatos, el proceso electoral de 2024 fue mucho más violento que el de 2018 o 2012. Entre septiembre 2023 y mayo 2024, 105 candidatos o precandidatos fueron atacados por el crimen organizado, incluyendo 31 homicidios.

Este fenómeno sigue siendo sólo un indicador de un problema más amplio: la gobernanza criminal, es decir, situaciones en las que, ya sea mediante la cooptación o la coacción, el crimen organizado comparte parte de las funciones básicas de los gobiernos locales —o bien, las lleva a cabo mediante una estructura paralela a los gobiernos electos—.

A pesar del creciente papel del crimen organizado en los procesos electorales, y del creciente papel de la gobernanza criminal en numerosos gobiernos locales, de un tiempo a esta parte el gobierno federal se ha esforzado más por concentrar el poder y ceder responsabilidades a las Fuerzas Armadas que por fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales y municipales. Y estamos viendo las consecuencias.