Ganar perdiendo

La semana pasada comentábamos en este mismo espacio que el gobierno federal parece estar dispuesto a utilizar mecanismos legales como meros instrumentos de propaganda político-electoral. Así parece que lo hizo al activar un referéndum revocatorio de resultados previsibles para utilizarlo como un mecanismo de ratificación de mandato y una demostración de fuerza política para fortalecer la imagen del presidente en turno. Así también parece que lo hizo con la convocatoria de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el año pasado, estrategia que reforzó hace unas semanas con la fallida reforma constitucional de la misma materia. 

Desde cierto punto de vista, ambos episodios pueden considerarse fracasos del gobierno: en primer lugar, al solo conseguir una participación de 17.7 por ciento de la lista nominal, el referéndum revocatorio no fue vinculante y fue declarado inválido por el Tribunal Electoral, que no dejó de señalar una larga lista de irregularidades e ilegalidades que sin duda ensombrecerán las futuras elecciones locales y federales. 

Por otro lado, el que una iniciativa presidencial de reforma constitucional haya sido rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados también puede leerse como un fracaso de la capacidad de negociación y construcción de acuerdos del Presidente o de sus coordinadores de bancada. Los partidos de oposición, por su parte, pueden presumir que la coalición que acordaron hace un año goza de cabal salud. 

Según el Presidente y no pocos de sus voceros, estos posibles fracasos sólo lo son en apariencia puesto que también pueden verse como audaces jugadas de ajedrez —es la teoría del ajedrecista, por así decirlo—. Según este enfoque, la baja participación electoral del revocatorio no es más que otra prueba de que las autoridades electorales están sesgadas en contra del gobierno y merecen ser renovadas completamente. En seguimiento a este diagnóstico, el Presidente ya advirtió que pronto enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional, pero ahora en materia político-electoral. La advertencia no es nueva: se advirtieron reformas similares en 2020 y 2021, justo antes de que iniciaran las campañas electorales. 

 Según este mismo enfoque, el rechazo a la reforma constitucional en materia eléctrica fue una audaz estrategia para revelar que las bancadas legislativas de oposición en realidad son traidores a la patria. La acusación es ridícula de cabo a rabo, pero no faltan los líderes oficialistas que estén dispuestos a llevar la frívola acusación ante la Fiscalía o los tribunales con tal de demostrar su lealtad al Presidente. De nuevo, la estrategia no es nueva: el año pasado el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara presentó denuncias penales contra consejeros electorales. 

Lograr que se apruebe una reforma político-electoral de nivel constitucional a tan sólo dos años de la elección presidencial suena tan difícil como demostrar que votar en contra de una iniciativa sea algo cercano a traición a la patria. 

Pero quizás eso no importa tanto: si la eventual iniciativa o las eventuales denuncias contra los traidores no prosperan, el gobierno encontrará una nueva forma de interpretar tales fracasos como señales de que el cambio verdadero enfrenta duros adversarios. Una ventaja de la teoría del ajedrecista es que nunca se nos aclara cuántas jugadas o peones le restan al estratega de Palacio Nacional. 

Por desgracia, la teoría del ajedrecista no siempre funciona con la misma eficacia con otros gobernantes del partido en el gobierno. Cuando muere una palma en Paseo de la Reforma y el gobierno local intenta salvar la cara rindiéndole homenaje, la contradicción entre lo que dice y lo que hace el gobierno local y federal se vuelve difícil de defender. 

Ajedrecista o no, es notable la capacidad del Presidente para vender, así sea retóricamente, como éxitos varios de los fracasos de su gobierno. Viendo hacia el 2024, no es claro que los precandidatos o precandidatas a reemplazarlo tengan esa misma capacidad.