Fuentes de legitimidad

Esta semana rindieron protesta los nuevos integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y numerosos otros tribunales. Si el objetivo central del gobierno al impulsar la reforma judicial era realizar una purga ...

Esta semana rindieron protesta los nuevos integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y numerosos otros tribunales. Si el objetivo central del gobierno al impulsar la reforma judicial era realizar una purga de todos los ministros, magistrados y jueces del país para poder designar a personas más afines a su agenda partidista o ideológica, sin duda, lo lograron. Sin embargo, si el objetivo principal de la reforma judicial no sólo era ésa, sino además dotar al nuevo Poder Judicial de una mayor legitimidad democrática que las designaciones previas, me temo que no lo lograron.

¿Quién tiene más legitimidad de origen? ¿Los ganadores de una elección con sólo 13% de participación, en una contienda plagada de problemas y vicios de origen, o bien las designaciones del diseño constitucional previo, que contaban con el respaldo de mayorías calificadas del Senado?

Quizás habrá quién cuestione la legitimidad de las designaciones legislativas del pasado, pero sí lo hacen, también tendrían que poner en duda la legitimidad de las mayorías calificadas que han reformado radicalmente la Constitución sin tomarse la molestia de buscar el mínimo consenso de la oposición o una parte de ella. ¿Acaso hay más legitimidad en quienes resultaron beneficiados por acordeones de “origen desconocido”, pero distribuidos masiva y eficazmente, o en quienes consiguieron el respaldo de una mayoría calificada del Congreso? ¿De qué sirve la supuesta legitimidad del voto directo si la contienda no fue libre y auténtica?

Sea como fuere, a partir de ahora, los justiciables, “todo el que se queje con justicia” y busque “un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”, tendrá que recurrir a autoridades cuya designación no contó con el consenso de las fuerzas partidistas, sino preponderantemente con la venia del Poder Ejecutivo.

El nuevo Poder Judicial se estrena con sendas credenciales partidistas. De hecho, algunos ni siquiera tuvieron gran empacho en presumirlo durante sus campañas. Difícilmente este nuevo Poder Judicial fallará en contra de la voluntad del gobierno federal en turno, o lo que sea que signifique el segundo piso de la transformación.

Sin embargo, la mayoría de los justiciables no tienen disputas partidistas ni controversias constitucionales, sino simplemente requieren contar con jueces imparciales e independientes para defender sus derechos. Me temo que, a la mayoría de los ciudadanos que acudan a los tribunales, de poco les servirá saber que ahora contarán con jueces partidistas.

Existe una segunda fuente de legitimidad, la del desempeño. Suponiendo sin conceder que el nuevo Poder Judicial contara con cierta legitimidad de origen, eso no basta ni garantiza que se desempeñarán con independencia, rectitud o cierto apego a los derechos fundamentales. Del mismo modo, una designación unipersonal o arbitraria, podría sorprender a propios y extraños si decidiera ejercer con autonomía e independencia su nuevo cargo.

Un riesgo de designar, en un solo golpe, a cientos de jueces, es que difícilmente todos ellos pensarán del mismo modo, o difícilmente podrán cumplir lo que prometieron a sus patrocinadores. Los especialistas en asuntos judiciales están preocupados por doble partida: se estrena un Poder Judicial con un sesgo mucho más partidista que el del pasado, donde al menos se contaba con una renovación escalonada y se premiaba cierta experiencia. Pero otros más están preocupados por la designación de cientos de jueces sin mayor experiencia o más credenciales que sus lealtades partidistas. Más que lealtades partidistas que difícilmente deberían tener impacto en asuntos civiles o mercantiles, les preocupa que se han tirado por la borda años de experiencia en un sistema de carrera, para dar pie a un largo periodo de caos judicial.

En muy poco tiempo, la Corte designada por la reforma judicial de 1994 se atrevió a fallar en contra del otrora partido hegemónico. Ojalá que los nuevos ministros, magistrados y jueces, tarden poco en asumir con seriedad sus cargos y hagan un esfuerzo por legitimarse con su desempeño. Ya lo veremos.

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