El reto electoral por delante

Hace unos meses, cuando apenas se discutía en comisiones legislativas una eventual reforma electoral a nivel constitucional, escribí en este mismo espacio que, incluso si no se aprobaba ninguna reforma electoral, la renovación parcial y escalonada en el Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF, que debía ocurrir a lo largo 2023, ya se hallaba “seriamente comprometida” (27/10/2022).

Hoy estamos viviendo, en parte, ese tipo de escenario. No hubo reforma constitucional, pero sí hubo una reforma legal de gran alcance. Y si bien la convocatoria para renovar al INE está en marcha en estas semanas, el Senado sigue sin designar magistraturas en cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las reformas del plan B ya son ley vigente, pero no son aplicables en los procesos electorales de los estados de Coahuila y Estado de México, toda vez que éstos comenzaron antes de la promulgación de tales leyes. El secretario ejecutivo del INE ha sido removido de su cargo en cumplimiento con la nueva ley, pero si las impugnaciones ante tal remoción prosperan, podría ser restituido en su cargo en cualquier momento. Para cumplir con el nuevo marco legal, el INE tiene que realizar una serie de ajustes importantes en su estructura orgánica bajo la presión del tiempo, el inminente inicio del proceso electoral federal y cuando la presidencia del INE y tres consejerías más están por cambiar en menos de un mes.

Fechas clave para diversos trabajos de preparación y organización, como es el inicio del proceso electoral federal podrían ocurrir hasta noviembre, como ordena la nueva ley, o bien quedarse en septiembre si el plan B es invalidado por la Suprema Corte.

Es posible que las y los aspirantes a consejerías del INE tengan que responder —durante la etapa de entrevistas de la convocatoria— qué opinan del plan B cuando la última palabra sobre el destino final de esta reforma la tendrá el Poder Judicial y no el Consejo General. Aun así, llegado el momento, si un aspirante a consejero opinara negativamente del plan B —quizá con matices o ponderaciones razonables—, los líderes del partido en el gobierno podrían verlo con cierto prejuicio. Y si opinara positivamente, haciendo matices o no, los partidos de oposición podrían verlos con cierto recelo. En uno u otro escenario se dificulta un asunto fundamental para la calidad del consejo y las futuras elecciones: contar con consejeras y consejeros designados con el mayor consenso posible.

Si el plan B se ratifica por la Corte, gran parte de la estructura central y distrital del INE se tendrá que transformar o volverse temporal, dificultando sumamente la preparación de las próximas elecciones: la Junta General Ejecutiva desaparece y toma su lugar una Comisión de Administración, las juntas locales se volverán órganos locales y las juntas distritales se volverán órganos auxiliares. Por su parte, los consejos locales y distritales tendrían cuatro en vez de seis consejeros electorales, entre otros muchos cambios. Pero si el plan B no se sostiene del todo o en parte, se habrá perdido tiempo y recursos valiosos y escasos durante todo este atolladero.

Por las mismas razones, esta misma incertidumbre afectará el presupuesto estimado por el INE para el próximo año. Y por consiguiente, afectará el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024.

Por último, supongamos por un momento que no hubo reforma electoral este año, que no se aprobó ni el plan A ni el plan B. En ese escenario hipotético, el INE tiene por delante los mismos retos que representa cualquier nuevo proceso electoral: el reto de mantener un padrón y lista nominal actualizados, de poder integrar casillas confiables y capacitar a miles de funcionarios. El reto de fiscalizar los gastos de campaña y supervisar el acceso a medios como radio y televisión cuando los medios digitales van al alza. El reto de que la violencia criminal no lastime aún más nuestros procesos electorales.