El plan B

El pasado martes 6 de diciembre se sometió a votación del pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de reforma constitucional en materia electoral. Como se esperaba desde hace algunas semanas, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de votos requerida para ser aprobada:  sólo tuvo 269 votos a favor —de las bancadas de Morena, PT y PVEM—, frente a 225 votos en contra de las bancadas de oposición del PAN, PRI, PRD y MC. Solamente cinco legisladores se ausentaron y destaca que una diputada de Morena votó en contra y otro más se abstuvo.

Ese mismo día se recibió una iniciativa de reforma legal, el así llamado plan B del gobierno federal. A diferencia de la iniciativa de reforma constitucional, misma que fue presentada por el Presidente de la República, las iniciativas del plan B fueron presentadas por integrantes del grupo parlamentario de Morena —un detalle no menor, puesto que fue el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien, supuestamente, hizo entrega de los documentos—.

El plan B se refiere a un paquete de reformas a seis leyes importantes leyes:  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, se propuso expedir una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para reemplazar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Aunque no se trata de una reforma constitucional, se trata de una reforma legal de gran calado, toda vez que se modifican o derogan cientos de artículos del marco legal vigente para cambiar por completo tanto la estructura como las facultades y atribuciones del Instituto Nacional Electoral, así como las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A pesar de tratarse de un asunto por demás complejo —o quizá justamente por esa razón—, al plan B se le dispensaron todos los trámites y se sometió a discusión y votación en el pleno de inmediato. Ninguna comisión legislativa conoció u opinó sobre el plan B, mismo que recibió 267 votos a favor, todos provenientes de los partidos de la coalición gobernante.

Sobra decir que, en una democracia constitucional, tanto las reglas del juego como la designación de los árbitros electorales requieren del máximo consenso de los partidos políticos. Si no hay consenso en las reglas, mucho menos lo habrá con los procedimientos y sus correspondientes resultados. Quizás es una obviedad decirlo, pero no sobra recordar que justamente por eso las últimas reformas electorales recogieron, justamente, buena parte de los agravios de los partidos de oposición.

El plan B es una reforma sustantiva que fue aprobada al vapor en la Cámara de origen, sin los debidos trámites parlamentarios y, sobre todo, sin el apoyo de ningún partido de oposición. Tan sólo por eso ya es un asunto sumamente grave y preocupante. Difiero de quienes afirman que se trata de una reforma que sustituye a la constitucional: de haberse aprobado el plan A, nada hubiera impedido que el plan B hubiera sido aprobado enseguida.

En general, puede decirse que el plan B debilita las capacidades técnicas y burocráticas del INE y vulnera al servicio profesional electoral; se facilita la propaganda gubernamental antes y durante las campañas electorales; se permite la “transferencia de votos” entre partidos coaligados o candidaturas comunes, lo cual facilita la supervivencia de partidos pequeños. En cuanto a las violaciones a la ley, se acota el tipo de sanciones aplicables, así como el margen de interpretación en que pueden incurrir los tribunales.

El plan B difícilmente produciría elecciones más libres o justas, sino lo contrario: favorecería al partido en el gobierno. Si se vulneran las capacidades de los árbitros, la confiabilidad de las elecciones y el consenso sobre las reglas electorales, se vulnera la democracia.