Dictamen de validez

El pasado 14 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el dictamen mediante el cual se realiza el cómputo final de la elección presidencial de 2024, se valida el proceso electoral y se declara presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibirá su constancia de mayoría este 15 de agosto.

Antes de aprobar este dictamen, el Tribunal resolvió 240 juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales y otros juicios de nulidad. Todas estas quejas fueron desestimadas por diversas razones, por lo que todos y cada uno de los 60 millones 115 mil 184 votos registrados en los cómputos distritales del INE fueron considerados como válidos en el cómputo final.

Éste no es un detalle menor. Aunque es muy difícil que el resultado de una elección cambie por una impugnación, y menos cuando el margen de victoria es abultado, lo cierto es que usualmente se anulan algunas casillas con irregularidades antes de realizar el cómputo final —en otras ocasiones, el Tribunal ha señalado problemas que pusieron en riesgo la validez de una elección—. Basta revisar los dictámenes de las últimas tres elecciones presidenciales para verificar esto.

Por unanimidad, el pleno del Tribunal determinó que la elección presidencial fue válida, toda vez que se cumplieron los principios rectores de la materia electoral señalados por la constitución: a decir del Tribunal se trató de una elección libre y auténtica, regida por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Un día soleado.

La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez emitieron votos razonados y plantearon argumentos por demás atendibles. En su intervención, la magistrada Janine Otálora planteó que, si bien debe reconocerse la participación del electorado y su voluntad expresada en las urnas, también debe exigirse “que las irregularidades acontecidas no sean ignoradas ni soslayadas, sino de discutidas y valoradas en contraste con los resultados de la votación”.

La magistrada se pronunció sobre cuatro graves irregularidades de este proceso electoral. En primer lugar, los procesos políticos adelantados o anticipados para seleccionar las candidaturas, tanto de la coalición gobernante como de la coalición opositora, representaron un fraude a la ley: “La política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión”

En segundo lugar, la indebida intervención del Presidente de la República en la contienda electoral a través de sus manifestaciones en conferencias de prensa y otros espacios. En tercer lugar, la violencia y la injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. En cuarto lugar, el estado de las autoridades electorales.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez afirmó que: “La estructura jurídica vigente en materia electoral se encuentra en cierta medida desbordada y que, si otro hubiese sido el desenlace de la jornada, la estabilidad política del país estaría hoy más polarizada”, y añadió que hace falta revisar las reglas del juego.

1. Según el magistrado, “tras las múltiples omisiones, vacíos y faltas a las normas electorales que tuvieron lugar en esta contienda, hoy resulta claro que existe una brecha considerable entre las reglas establecidas y la dinámica política del país.” En particular, le preocupan cinco ejes: la inseguridad en el proceso electoral, la falta de reglamentación del artículo 134 constitucional, la vigilancia de los programas sociales, la regulación de precampañas y el fortalecimiento de las autoridades electorales.

¿Puede considerarse libre de mancha un proceso electoral en el que las autoridades validaron procesos anticipados de campaña contrarios a la ley, no sancionó las numerosas intervenciones del Ejecutivo y, además, no contó con una Sala Superior de Tribunal Electoral debidamente integrada? Si la coalición gobernante no fue capaz de buscar consensos en las reglas o la integración de los árbitros electorales en 2024, ¿los buscará en las reformas que habrá de discutir la próxima legislatura?