Democracia vulnerada

La violencia criminal es quizá la mayor amenaza que se cierne sobre los procesos electorales en marcha. Esta semana se dio a conocer al público el reporte Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México, como parte del proyecto Votar entre balas, y fruto de una colaboración entre Data Cívica, México Evalúa y Animal Político que busca analizar los ataques criminales contra políticos y candidatos(as) en el país desde 2018 a la fecha (votar-entre-balas.datacivica.org).

Los datos recabados revelan una preocupante expansión de la violencia político-criminal en casi todo el país en los últimos años, con una mayor intensidad durante los procesos electorales locales y federales. Según el reporte, mientras que entre 2006 y 2012 se contabilizaron 311 ataques a autoridades electas, funcionarios, candidatos y militantes partidistas, para el periodo que va de 2018 a 2023 se han registrado 836 eventos.

Según los datos del reporte, 60% de los eventos de violencia político-criminal registrados entre 2018 y 2023 fueron asesinatos, mientras que 18% fueron ataques armados. Por su parte, 8% de los eventos fueron amenazas y 6%, atentados.

Según el mismo reporte, 31% de las víctimas registradas entre 2018 y 2023 fueron autoridades municipales —ya sean presidencias, sindicaturas o regidurías—, mientras que 37% son fuerzas del orden o policías locales, lo cual afecta la esencial capacidad del Estado de proveer seguridad pública a la sociedad. Por último, 21% de las víctimas ocupaban candidaturas o bien trabajaban en los equipos de campaña.

La segunda parte del reporte analiza diferentes efectos de la violencia político-criminal en la vida democrática del país. Por ejemplo, considerando los datos agregados a nivel municipal para los años de 2018 y 2021, se encuentra que, por cada ataque a algún funcionario público —registrado en los seis meses previos a las elecciones—, se observa una disminución en la tasa de participación electoral de tres puntos porcentuales.

Por otro lado, por cada ataque a algún candidato(a) o militante partidista, se observa un aumento de un punto porcentual en la tasa de sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Además de lo anterior, se encuentra que los ataques a funcionarios públicos anticipan mayores niveles de violencia al año siguiente.

En conjunto, estos resultados sugieren que la violencia política-criminal ya ha vulnerado nuestra democracia desde hace varios años. En primer lugar, afecta el ejercicio de los derechos político-electorales en sus vertientes activa y pasiva: el derecho a ser votado y el derecho de las y los votantes a acudir a las urnas sin miedo. Además, afecta la organización e instalación de casillas confiables y, por último, anticipa aumentos en la violencia criminal a nivel municipal.

Entre las recomendaciones de política pública del reporte se encuentran: en primer lugar, la importancia de fortalecer la profesionalización de las fuerzas de seguridad municipal. En segundo lugar, que las autoridades judiciales den un seguimiento puntual a la investigación y sanción de estos ataques para desmantelar las redes de protección existentes. En tercer lugar, que los partidos políticos asuman su responsabilidad al postular candidaturas alejadas del crimen organizado.

En cuanto a las autoridades electorales, el reporte recomienda que se elaboren planes de prevención y protección para las personas candidatas, que se generen mapas de riesgo, y que se desarrollen medidas de comunicación para dar confianza al electorado de que podrán acudir a las urnas en paz y con toda libertad.

En palabras de Sandra Ley, politóloga experta y coordinadora principal responsable del reporte: los ataques contra funcionarios y candidatos “son la cara más visible de la gobernanza criminal, pero es sólo una dimensión de este fenómeno. Atender las raíces del crecimiento generalizado de estos ataques debería ser una prioridad para la próxima administración. (…) Tanto la democracia, como la razón de ser del Estado y la esencia de la administración pública están en riesgo”.