Debate constitucional

La ceremonia para conmemorar la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, llevada a cabo año tras año en el Teatro de la República de Querétaro, no es un evento protocolario más. Después de todo, desde que los presidentes dejaron de presentar sus informes de gobierno de manera directa frente al Congreso de la Unión, las ocasiones en que los titulares de los tres Poderes comparten la mesa y, además, tienen oportunidad de pronunciar discursos se cuentan con las manos: por ejemplo, cuando el presidente rinde protesta a su cargo al inicio de cada sexenio.

Incluso cuando el presidente rendía su informe en el Congreso, rara vez estaba presente para escuchar los posicionamientos de los líderes parlamentarios. Por otro lado, cuando el presidente de la Suprema Corte y el Ejecutivo coinciden y pronuncian discursos, rara vez participan los presidentes de las Cámaras del Congreso. De modo que es posible que esta ceremonia sea de los pocos espacios institucionales de diálogo o debate, por así decirlo, de los tres Poderes sobre sus diferentes visiones sobre los acuerdos políticos enmarcados en nuestra Constitución.

El protocolo de la más reciente ceremonia, el pasado domingo 5 de febrero, generó cierta controversia. Más allá de quién se puso de pie o no, fue notable que los titulares del Poder Judicial y las Cámaras fueron relegados a espacios más alejados del presídium, mientras que los generales de la Marina y el Ejército fueron colocados más cerca del Presidente que en los años pasados.

Si bien los titulares de las Fuerzas Armadas son invitados cotidianos de los eventos del Presidente, su jefe inmediato, cabe preguntarse si merecen un lugar tan prominente el día en que se conmemora la Constitución: ¿acaso no es el Poder Legislativo quien revisa la Constitución? ¿No es el Poder Judicial quien vigila y garantiza su cumplimiento en una última instancia?

Ahora bien, más importante que el juego de las sillas, resulta lo que se dice en estas ceremonias. Durante su discurso, la ministra Norma Piña, nueva presidenta de la Suprema Corte, enfatizó cuatro veces la importancia de la independencia del Poder Judicial: “Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.” “No es un privilegio de los jueces”, recalcó, sino el “principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos”, y “la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial”. Como contraste, el discurso del ministro Arturo Zaldívar de un año atrás no incluyó las palabras independencia ni autonomía. No parece un detalle menor.

Por su parte, el discurso del presidente López Obrador conmemoró la Constitución afirmando que “en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público”, y añadió que “es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera”. De ser cierta esta afirmación, ¿todo esto ocurrió con el consentimiento de la Corte? ¿Se puede honrar o incluso prometer guardar y hacer guardar la Constitución y, al mismo tiempo, descalificar tres décadas de reformas constitucionales? ¿Son más legítimas las reformas Constitucionales impulsadas por una Legislatura que las de otra?

Si el Poder Judicial sistemáticamente rechazara las reformas de un gobierno cualquiera, arriesgaría su supervivencia: bastaría una reforma constitucional para removerlos. Pero si aprobara todas ellas, sea cual fuere su contenido, sería un poder inútil. ¿Cuántas reformas a leyes secundarias “potencialmente inconstitucionales”, por así decirlo, se necesitan para poder afirmar que los otros Poderes buscan quebrar el orden constitucional o debilitar a la democracia?