Datos personales

Esta semana, el Presidente de la República solicitó por escrito al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que realizara “una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares”.

La previsible respuesta del Inai llegó al día siguiente, mediante un oficio firmado por Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del instituto: “El Inai no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada”.

¿Por qué habría de hacer esto el Inai? La carta presidencial no ofrece ningún fundamento legal para su petición, tal y como se esperaría de cualquier acto de autoridad. La respuesta del Inai recuerda algo que debería ser obvio para cualquier funcionario público o bien sus consejeros jurídicos: que el principio de legalidad impide a las autoridades actuar con las mismas libertades de un ciudadano cualquiera, y que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que la ley les faculta o permite de manera expresa. Quizás por esta razón la carta del presidente no presentó ningún fundamento legal en su petición: no lo hay.

¿Será que las leyes están diseñadas para atar de manos a un gobernante bien intencionado y transformador? De ninguna manera, se trata de leyes generales: son los límites que establece cualquier democracia constitucional para acotar la arbitrariedad y el abuso del poder de cualquier gobernante o servidor público presente o futuro.

Sin embargo, aunque carece de fundamento legal, la carta presidencial aduce que los motivos de su petición son que “no es ético ni honesto usar fondos privados, obtenidos mediante actos de corrupción” para “desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento”. Esta motivación abre nuevas preguntas: si el Presidente cuenta con evidencia o indicios de tales actos de corrupción, ¿por qué no solicita información adicional ante los sujetos obligados? O bien, ¿por qué no presenta una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República? No podemos saberlo.

Es muy probable que el Presidente o sus asesores supieran todo lo anterior. Después de todo, con argumentos similares ha defendido a aliados suyos en el pasado, sean estos miembros de su gabinete, candidatos a gobernadores y embajadores. Ahora bien, en caso de que el Inai no tuviera facultades legales para responder aquella primera petición, el Presidente hizo una segunda pregunta: si puede “como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”.

La respuesta del Inai fue como sigue: la Constitución vigente establece que la información de la “vida privada y datos personales será protegida en los términos y excepciones que fijen las leyes” (art. 6). Y, además, “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales” (art. 16). Por lo tanto, abunda la presidenta del Inai, “cualquier autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de datos personales que tenga en su posesión”, y para poder dar a conocer datos personales de cualquier ciudadano, es necesario contar con su consentimiento previo. Y no sólo están protegidos los datos personales, sino que los sujetos obligados, como lo es el Presidente o cualquiera de sus subordinados, están obligados a preservar la confidencialidad de tal información.

El Presidente quiere que se hagan públicos datos personales sobre ingresos y el patrimonio de ciertas personas y organizaciones que lo han cuestionado o criticado. Aduce que hay interés público y ético en ello. Al mismo tiempo, quiere que se proteja la vida privada de sus hijos. ¿Es esta una forma de fortalecer o debilitar una democracia?