Cuestiones constitucionales

¿Qué tan seguido lee usted la Constitución? ¿Sabe si existen ciertas contradicciones en su articulado? ¿Considera que la Constitución deba ser reformada o basta que las cortes la interpreten de manera distinta? ¿Necesitamos una nueva Constitución?

En su versión original del 5 de febrero de 1917, el artículo primero de la Constitución mexicana decía: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”. En junio de 2011, este fundamental artículo se reformó para quedar en su versión actual: “(…) todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. Hace once años, además, se añadió un importante párrafo: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” ¿Nota las diferencias? La trascendencia de esta reforma es enorme y forma parte de importantes discusiones en el Poder Judicial desde entonces.

La prisión preventiva como medida cautelar, y la prisión preventiva oficiosa no existían en la Constitución de 1917. Esta figura se añadió en 2008 —en el gobierno de Calderón—, y era aplicable a una lista de seis delitos graves. La prisión preventiva oficiosa se reformó en 2019 —ya bajo el gobierno actual—, para ampliar la lista de delitos aplicables a más de una docena.

A decir de la ministra Ríos-Farjat: La prisión preventiva oficiosa, “mal empleada, genera afectaciones desproporcionadas a la libertad personal y la presunción de inocencia, pues se priva de la libertad a las personas mucho antes del dictado de sus sentencias”. A decir del ministro Arturo Zaldívar: La medida “es abiertamente inconvencional porque es una sentencia adelantada, es prisión cuando todavía a una persona no se acredita su culpabilidad. Desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad”. La prisión preventiva oficiosa genera, además, una tensión con el artículo primero constitucional.

Esta semana la Suprema Corte tendrá que resolver si procede o no inaplicar la prisión preventiva oficiosa señalada en la Constitución por contravenir la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad de los procesos penales. Al respecto, hay quién sostiene que la Corte no puede inaplicar porciones de la Carta Magna sea cual fuere su contenido. En contraparte, hay quienes sostienen que, justamente, corresponde a la Corte interpretar el significado de los mandatos constitucionales. En este caso, por ejemplo, la Corte podría restringir o aclarar el significado y alcances de la prisión preventiva oficiosa. En caso contrario, todos tendríamos que esperar a que el Poder Legislativo decida atenuar los afanes punitivos del artículo 19, o bien fortalecer la protección de los derechos humanos y el debido proceso estipulados en el artículo primero.

Es muy sencillo pensar que solamente el Poder Legislativo puede revisar la Constitución, que la Corte sólo puede interpretar las leyes de una sola forma o que, al opinar y sentenciar sobre sus alcances o efectos, no están legislando también. También es sencillo pensar que, en una democracia representativa, el electorado sólo puede elegir entre logotipos partidistas y candidaturas, pero no manifestarse directamente sobre el tipo de Constitución que desean tener. El mundo, por desgracia, es más complicado que esto. El domingo pasado, por ejemplo, el electorado chileno fue “constituyente” y esta semana las y los ministros de la Corte mexicana serán legisladores.