Cuarto año

Este jueves primero de septiembre, el Presidente entregará al Congreso su 4to Informe de Gobierno. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hará entrega del documento en San Lázaro. Al dar inicio al nuevo periodo ordinario de sesiones, legisladores de todas las bancadas partidistas harán uso de la voz y opinarán sobre el informe y estado general que guarda la administración del presidente López Obrador.

Como en años anteriores, el Presidente no acudirá al Congreso ni escuchará de viva voz las reacciones de las y los diputados. No obstante, pronunciará un mensaje desde Palacio Nacional. Dada la frecuencia con que el Presidente pronuncia este tipo de mensajes —ya sea en su conferencia de prensa matutina, o bien, en otras ocasiones que considera meritorias—, se antoja difícil que este jueves haya algún anuncio sorpresivo o algún golpe de timón importante. Una vez que se conozca el texto del informe y del mensaje podré pronunciarme al respecto con más detalle.

Han transcurrido ya casi dos tercios de su mandato y al gobierno de López Obrador le restan poco más dos años. Durante el primer año de gobierno solía decirse que no era lógico esperar ni exigir resultados tan pronto. Durante el segundo y tercer años, se dijo que la crisis pandémica impedía ver los avances más importantes del nuevo gobierno. Este año, en sus mensajes en radio y televisión con motivo de su informe, el Presidente habla de la pandemia como “algo que ya pasó”.

No deja de llamar la atención que, en tales mensajes, algunos de los principales logros de un gobierno que se presume como transformador sean un aeropuerto, un tren y una refinería inconclusos. Por ejemplo, se presume que se ha construido en tiempo récord “el mejor aeropuerto de América Latina”. Llama la atención, en contraste, que este ejemplar aeropuerto no rebase aún los 15 vuelos diarios.

También se presume como logro un tren que apenas está en construcción y en medio de serias controversias por los daños ambientales que esta obra está causando. Se afirma que “ya se construyó una nueva refinería” que no ha refinado aún un solo barril de combustible. Se promete que “ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero” cuando, a la fecha, se sigue importando la mayoría de las gasolinas consumidas en el país. Se presume que “no va a aumentar el precio de los combustibles”, como si el gobierno pudiera controlar los precios internacionales de los petrolíferos, pero poco se habla sobre los multimillonarios subsidios que se han dado para el consumo de las gasolinas. ¿Cómo explicar que un gobierno que dice privilegiar a los pobres destine más recursos a subsidiar gasolinas que a varios de sus principales programas sociales?

Se habla de ahorros millonarios sin precedentes —200 mil millones al combatir el huachicol, 500 mil millones al combatir la corrupción—, cuando el gobierno ha inducido subejercicios y desabasto de bienes y servicios, reducido partidas importantes del gasto público y congelado la contratación de personal por tres años consecutivos a lo largo de la administración pública federal. En principio, es posible que algunos programas sociales o proyectos estratégicos tengan mayor impacto social que algunas de estas reducciones de gasto, pero el gobierno federal no está dispuesto a que se conozcan estos datos: imposible saberlo cuando partidas millonarias de gasto son consideradas de “seguridad nacional” y están bajo el opaco control de las Fuerzas Armadas.

Es posible que en los próximos dos años tengamos más noticias del Poder Legislativo y del Judicial que del propio Ejecutivo. Considere, por ejemplo, la próxima resolución sobre prisión preventiva oficiosa en la Corte, o bien, lo que está sucediendo en el Senado. Cuatro años de gobierno ya permiten evaluar las ventajas y desventajas de una administración con mayorías legislativas tan holgadas. Por años hubo quien defendió la necesidad de tales mayorías para mantener cierta gobernabilidad. ¿La hemos tenido?