¿Cómo evaluar a la Corte?

Una vez concluido el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho se ha discutido sobre su gestión al frente del Poder Judicial. Hay al menos dos formas de evaluar la gestión de un presidente de la Corte, pero también la de otros cuerpos colegiados autónomos, tales como el Tribunal Electoral, el Banco de México, el INE o el Inai, entre otros.

Habida cuenta de que las decisiones de la Corte son colegiadas, es claro que el presidente del pleno juega un papel fundamental en el control de la agenda de asuntos a discutir, así como en la interlocución con los demás Poderes.

Toda vez que la Corte reacciona a petición de parte, hay al menos dos formas de evaluar la gestión de su presidente. Por un lado, a partir de los asuntos resueltos y, sobre todo, la forma o el sentido en que éstos fueron resueltos durante su mandato. Por otro lado, no debe dejarse de tomar en cuenta la lista de asuntos no resueltos por diversas razones. Evaluar los aciertos de la Corte no es tarea sencilla: no se trata de un conteo simple de decisiones a favor o en contra de las preferencias del Ejecutivo, puesto que ciertos asuntos o reformas pueden ser constitucionalmente más defendibles que otros.

Entre los aciertos o logros más importantes del periodo de Zaldívar destacan las sentencias de septiembre de 2021 sobre derechos reproductivos de las mujeres e interrupción del embarazo: por unanimidad, se despenalizó el aborto en todo el país. También destaca que en estos años se impulsaron concursos que favorecían la incorporación de más juezas de distrito.

Una de las decisiones más controversiales del periodo fue la resolución sobre la Consulta Popular de 2021 para realizar un supuesto juicio a expresidentes —una pregunta abiertamente inconstitucional según un gran número de expertos—, pero cuya redacción fue modificada sustantivamente por el pleno para permitir la realización de una consulta anhelada por el Ejecutivo, pero que, en ningún caso, tendría resultados vinculantes.

Otro asunto polémico fue la reforma eléctrica aprobada en 2022, misma que daba preferencia a la CFE frente a competidores privados en las contrataciones de generación de electricidad. Al sólo conseguirse siete votos a favor de invalidar la Ley de la Industria Eléctrica en una polémica sesión, sobrevivió una reforma que va a contrapelo del texto constitucional vigente.

Más recientemente, en noviembre del año pasado, la Corte resolvió mantener la figura de prisión preventiva oficiosa y respaldar el acuerdo del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. Vistas en conjunto, cabe preguntarse si durante los últimos cuatro años la Corte defendió adecuadamente el orden constitucional y su independencia o no.

Entre la larga lista de asuntos pendientes de resolver por el pleno de la Corte se encuentran, entre otros, las impugnaciones contra las reformas en materia de seguridad y Guardia Nacional, así como diversas medidas de las leyes de austeridad y remuneraciones a servidores públicos.

En breve se presentarán acciones de inconstitucionalidad contra la más reciente reforma electoral, misma que incluye importantes reformas sobre propaganda gubernamental y comunicación social. Por otro lado, una vez que se aprueben las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, es de esperarse que se presenten acciones de inconstitucionalidad que tendrán que resolverse antes de que inicie el proceso electoral federal de 2024.

En opinión de Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exmagistrado electoral, el procedimiento legislativo del “plan B”, no sólo tuvo notorios “vicios formales y sustanciales”, sino que pone “en riesgo la realización de elecciones libres y auténticas”. El reto para la Corte en los próximos años es formidable.