Desde que inició su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha expresado repetidas veces su interés en remover a Jerome Powell, presidente de la poderosa Reserva Federal de los Estados Unidos. Hoy, el mismo presidente que lo designó en 2019 intenta defenestrarlo por no obedecer sus preferencias, a pesar de que sólo le restan cuatro meses al frente del banco central.
Después de meses de guardar silencio ante los reiterados embates, el domingo pasado, Powell hizo un pronunciamiento público sobre posibles denuncias penales en su contra. Sin ambages, expresó que el trasfondo de estos ataques “tratan de si la Fed podrá seguir estableciendo las tasas de interés con base en la evidencia de las condiciones económicas, o si la política monetaria se decidirá mediante presiones políticas o intimidación”, conforme a las preferencias del presidente. Powell ha hecho una digna defensa de su cargo y en ningún momento ha buscado reuniones públicas ni privadas con el presidente Trump. En México, sospecho que analistas y voceros del nuevo oficialismo dirían que “lo está haciendo mal”.
El episodio anterior resulta familiar en México. Desde 2018 a la fecha, tanto el INE, como la recientemente avasallada Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos organismos autónomos hoy extintos, fueron descalificados una y otra vez por el presidente López Obrador. En su momento, hubo quienes criticaron la defensa que algunos dirigentes de tales cuerpos colegiados hicieron: mejor deberían hacerle como Zaldívar, negociar y ceder antes que confrontar, sugerían. Creo que hoy tenemos mucho mejor idea de dónde estaban las verdaderas lealtades de cada quién.
De hecho, tres consejeros electorales en funciones y otros más que ya dejaron su cargo enfrentan un procedimiento de responsabilidad administrativa porque, en diciembre de 2021, se pronunciaron por posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato hasta tener suficiente presupuesto para poder realizarla conforme a los principios establecidos por la propia ley. En 2022 este asunto escaló a una denuncia penal presentada por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Sobre decir que la consulta de revocación de mandato se realizó en tiempo y forma, a pesar del recorte presupuestal que enfrentó el INE. El asunto quedó sin materia y, en todo caso, en términos y legales políticos, es un contrasentido que el órgano interno de control del INE intente evaluar o sancionar las decisiones del Consejo General de un organismo autónomo como lo ha sido el INE desde su creación.
Al escribir este artículo, los líderes de Morena están reunidos en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum para conocer las conclusiones o sugerencias de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, presidida por Pablo Gómez, quien algo sabe de estos asuntos. Sin conocer estas conclusiones, preocupa que apenas el pasado lunes, el propio Pablo Gómez expresó en una reunión con las y los consejeros del INE un notable desdén por la autonomía del instituto y la necesidad de que la reforma electoral cuente con el consenso del resto de las fuerzas políticas. En otros momentos, Pablo Gómez, quien formó parte de varias de las reformas electorales que dieron pie a la transición democrática y el eventual triunfo de Morena, opinaba de modo muy distinto, pero así son los tiempos que corren.
¿Qué recomendará la comisión? Importantes como pueden ser tales conclusiones, resultaría más importante conocer la iniciativa de reforma constitucional que firmará la presidenta Sheinbaum, pero más transcendente aún sería saber o conocer qué tipo de democracia o sistema electoral quiere impulsar la Presidenta. Recordemos que, salvo la materia electoral, el “plan C” legado por su antecesor ya fue aprobado a toda prisa. Sin embargo, por extraño que parezca, la misma Presidenta que ofrece conferencias de prensa todos los días de la semana no ha sido capaz de articular y compartir con la sociedad qué tipo de reforma electoral quiere impulsar: ¿un árbitro electoral más débil o confiable? ¿un sistema electoral más proporcional o mayoritario?