Ataques a las libertades académicas

En mayo de este año, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia académica sobre género y política en una prestigiosa universidad pública. Como en otras tantas conferencias universitarias, se organizaron diferentes paneles temáticos y mesas redondas en diferentes aulas del campus.

A diferencia de otros eventos similares, en esta ocasión el programa detallado del evento no había sido publicado en internet, sino que se nos entregó de manera impresa en propia mano a cada uno de los participantes al registrarnos al inicio de la conferencia. Me pareció peculiar, pero no pensé mayor cosa.

En una de las mesas redondas participaban como ponentes dos exfuncionarias de oficinas gubernamentales. Para mi sorpresa, al iniciar el panel, la moderadora nos pidió amablemente no tomar fotos ni publicar en redes sociales nada relacionado con la mesa redonda a la que asistimos alrededor de 50 o 60 académicos de diversos países. Una de las panelistas expresó que, si bien ya no era funcionaria pública, temía sufrir algún tipo de consecuencia por compartirnos parte de lo que había vivido meses atrás cuando su dependencia había sido desmantelada por decreto presidencial.

Más tarde, platiqué con una de las organizadoras de la conferencia y le pregunté sobre el extremo sigilo del evento. Su respuesta me dejó frío: me explicó que, al tratarse de una universidad pública y una conferencia sobre un tema evidentemente incómodo para el presidente –género y política—, se sabían vulnerables ante posibles represalias o recortes presupuestales. Por esa razón el programa del evento no estaba en internet, ni querían difusión en redes sociales.

Todo lo narrado arriba ocurrió en Estados Unidos, una democracia consolidada con una notable tradición de protección a la libertad de expresión y la dependencia desmantelada era USAID. Este episodio me recordó cuando el 3 de mayo de 2023, María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora general del Conacyt, presentó en la conferencia de prensa mañanera del entonces presidente una lámina titulada: “CPI neoliberales: desvío de funciones; redes de intereses creados”. Mi nombre, junto con el de varios colegas del CIDE, aparecía en la lámina, pero nunca se presentó evidencia alguna de tales redes perversas.

¿Acaso se trata de dos casos aislados? Por desgracia, no. Es un hecho incontrovertible que gobiernos de distinto signo, sobre todo los que tienen inclinaciones autoritarias o populistas, han puesto la mira en las universidades y otras instituciones de educación superior en países como Nicaragua, Hungría, Turquía, Estados Unidos y, por supuesto, México. De hecho, uno de los síntomas más frecuentes de erosión democrática son los ataques a las libertades académicas, a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil en general.

En un estudio académico recientemente publicado en la revista internacional Perspectives on Politics, mis colegas Víctor Hernández y María Inclán, argumentan que los ataques a las libertades académicas son naturales en los gobiernos populistas, toda vez que éstos recurren a una polarización de la discusión pública entre la voluntad popular y ciertas élites corruptas.

Si solamente los gobernantes tienen suficiente legitimidad para definir lo que es verdad o mentira, o bien para definir qué causas o políticas públicas concretas sirven para el beneficio del pueblo, cualquier voz crítica o que les cuestione o exija evidencia —como es natural en las comunidades académicas de las universidades—, también debe ser parte de las élites corruptas. Su hipótesis no puede ser descartada por la evidencia empírica. Ambos autores analizan estadísticamente la relación entre diferentes grados o niveles de populismo en los mandatarios de una muestra amplia de países observados entre 2000 y 2021, y el nivel de libertades académicas.

Por el bien del desarrollo científico y social del país, quienes hemos decidido permanecer en el CIDE porque creemos en su proyecto de largo plazo esperamos que la nueva Secretaría de Ciencia tome medidas para subsanar el daño que el entonces Conacyt realizó en no pocos Centros Públicos de Investigación.