Académicos sin voto

El pasado viernes 16 de diciembre, se reformó gravemente el Estatuto General del CIDE, el centro público de investigación en el que trabajo desde hace 19 años. El asunto quizá no tendría mayor relevancia, sin embargo, la semana pasada, el Presidente de la República envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para expedir una nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Y mucho de lo que ha estado sucediendo en el CIDE de un tiempo a esta parte es, justamente, el modelo de lo que el gobierno federal y el Conacyt pretenden hacer con el resto de los centros públicos y otras comunidades académicas del país.

Según su estatuto vigente, el CIDE es una asociación civil organizada mediante diversos cuerpos colegiados. Tres de ellos son órganos externos: la Asamblea General, el Consejo Directivo u órgano de gobierno, y un Comité Externo de Evaluación. Una mayoría de representantes del gobierno federal —SEP, SHCP, Economía, Energía, FCE y el Conacyt—, así como algunas instituciones autónomas —Banco de México, El Colegio de México y el INE—, forman parte de estos cuerpos.

Por otro lado, la vida académica al interior del CIDE está organizada a través de diferentes cuerpos colegiados. El Consejo Académico es el máximo órgano colegiado interno para analizar y resolver sobre las principales actividades académicas del centro. Está integrado por los directivos, los directores de división y un representante electo en cada una de las divisiones académicas.

La Dirección General está acompañada de una Secretaría Académica y una Secretaría de Vinculación. El director general no decide las cosas por sí solo: estos tres cuadros directivos constituyen el “Consejo Académico Administrativo”. En el último año, el CIDE se ha quedado sin secretario académico por varias semanas, con lo cual, hemos enfrentado parálisis administrativa porque aquel consejo administrativo requiere de sus tres miembros para tomar decisiones.

El desempeño de las y los profesores-investigadores es evaluado por una Comisión Académica Dictaminadora, que consta de siete integrantes, algunos internos y otros externos al CIDE. Las resoluciones de la Comisión Dictaminadora son apelables ante el Consejo Académico.

Los programas académicos del CIDE son coordinados por Juntas de Profesores. Las decisiones que se toman en las Juntas de Profesores son revisables por un Comité de Docencia y un Comité de Ética.

Los párrafos anteriores pueden resultar confusos, pero una idea es clara y contundente: la toma de decisiones al interior de un centro público de investigación como el CIDE es colegiada, no unipersonal. No podría ser de otra forma cuando se trata de respetar libertades académicas y una mínima autonomía relativa.

Vayamos al fondo del asunto. ¿En qué consistió esta reforma? La reforma al Estatuto del CIDE removió todas las facultades de decisión al Consejo Académico del CIDE —el colegiado integrado por autoridades y profesores—. Antes podíamos conocer y aprobar una larga serie de asuntos. Ahora sólo podremos conocer y opinar. Esta reforma destruye de un solo golpe la toma de decisiones deliberada y colegiada al interior del CIDE.

La reforma también amplía el número de integrantes del Consejo Académico, pero todos ellos serán designados por el director general, resultando en un consejo a modo, pero sin facultades decisorias.

También removieron al INE del Consejo Directivo del CIDE para que tome su lugar la Secretaría del Bienestar. Sólo tres de 14 miembros de ese consejo eran voces autónomas, ahora serán dos. Lo reconocen sin ambages: quieren un órgano de gobierno con “mayoría del sector público”, pero ya lo tenían.

El Conacyt pretende que los centros públicos de investigación no sean más que simples paraestatales controladas de manera unilateral. La autonomía y el autogobierno de los centros de investigación son fundamentales para garantizar libertades académicas y una educación verdaderamente pública. Hoy están en riesgo. Y no sólo en el CIDE.