Academias en riesgo

El presidente de Estados Unidos lo ha manifestado abiertamente: los profesores universitarios son parte del enemigo. En México, durante el sexenio pasado, los ataques desde palacio nacional a las universidades y centros públicos de investigación como el CIDE –donde trabajo desde hace más de 22 años– fueron numerosos y reiterados.

Las libertades académicas están en riesgo alrededor del mundo. En un reciente documento de trabajo, Pipa Norris, prestigiada politóloga de la Universidad de Harvard, alerta sobre dos tipos crecientes de amenazas a las libertades académicas alrededor del mundo: las provenientes de instituciones ajenas a las universidades, tales como leyes, recortes presupuestales u organismos reguladores y, por otro lado, las que provienen de procesos internos que restringen la pluralidad y la libre deliberación de ideas.

En conjunto, estas amenazas aumentan la autocensura al interior de las comunidades académicas, lo cual representa una seria amenaza a las libertades propias de una democracia constitucional y pone en riesgo la contribución de las comunidades científicas al desarrollo social. De manera poco sorprendente, las restricciones a las libertades académicas observadas en distintas latitudes en años recientes tienen una fuerte asociación con el deterioro en la calidad de las democracias. Tal es el caso de países como Polonia, Turquía, India, Nicaragua y México.

Además de los usuales embates contra las libertades de asociación, expresión y prensa libre e independiente, los gobiernos con inclinaciones autoritarias de diferente signo y geografía han embestido contra universidades, centros de investigación, así como libertades académicas.

Según el mismo estudio de Norris, la evidencia de encuestas levantadas entre académicos alrededor del mundo sugiere que, cuando hay una notoria la intromisión del gobierno en las agendas de investigación, o bien en las decisiones de contratación y promoción, los académicos son más propensos a la autocensura. Por desgracia, este efecto es más fuerte entre mujeres y jóvenes académicos.

Hay que decirlo, durante el sexenio pasado, la directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, implementó diversas medidas que lastimaron a los centros públicos de investigación (CPI) tanto en su presupuesto, como en su organización y vida interna. Por ejemplo, en diversos CPI se designaron directores generales con consignas explícitas para redirigir agendas de investigación en favor del gobierno federal, restringir contrataciones de profesores-investigadores y reducir al mínimo los espacios de deliberación colegiada propios de un centro público.

Esto no es una especulación o valoración subjetiva. La Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, promovida por la directora general del ahora extinto Conacyt, eliminó las facultades de voto de los Consejos Académicos de los CPI para volverlos cuerpos con meras opiniones no vinculantes, lo cual limita la capacidad de estos consejos para incidir en la toma de decisiones. Por otro lado, la designación de directores generales de los CPI –misma que nunca ha sido estrictamente democrática– se volvió más vertical: la titular de Conacyt designó unilateralmente directores de los centros, independientemente de las opiniones del personal académico.

El problema de fondo de la ley legada por Álvarez-Buylla es centralizar la toma de decisiones, tratar a los CPI como meras paraestatales y al personal académico como burócratas. Es claro que los profesores de un CPI son servidores públicos, pero al mismo tiempo debe protegerse su libertad de cátedra e investigación, así como la transparencia y apego a la normatividad en la gestión interna.

Un gobierno que pretende diseñar e implementar políticas públicas con base en evidencia no puede darse el lujo de permitir que los Centros Públicos de Investigación sean dirigidos por quienes valoran más sus simpatías partidistas que su compromiso con valores democráticos tan simples como el diálogo, la deliberación colegiada y la rendición de cuentas. Hago votos por que la nueva política de ciencia y tecnología recupere estos valores.