Por Maira Melisa Guerra Pulido*
En el marco de la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia de género, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó mesas de diálogo intercultural que permitieron escuchar las voces, experiencias y necesidades específicas de mujeres de pueblos y barrios originarios y de comunidades indígenas residentes de la CDMX, sobre el contenido del Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), en cumplimiento a la Sentencia SCM-JDC-89/2025. En estos foros estuvieron presentes, especialmente, mujeres en funciones públicas, lideresas comunitarias, activistas y defensoras de derechos político-electorales.
Escuchar a las 343 mujeres de 41 pueblos originarios, tres barrios y cuatro comunidades indígenas mazahua, mazateca, otomí y triqui nos hizo comprender las distintas violencias que sufre este núcleo de mujeres dadas las diferencias culturales, lo cual reafirma que la prevención, atención, sustanciación y resolución de la VPMRG requiere medidas diferenciadas para contextos comunitarios.
Durante los diálogos las participantes hicieron patente que las asambleas y consejos comunitarios son espacios hostiles para las mujeres, donde las invisibilizan en el ejercicio del cargo, reciben burlas, comentarios machistas, amenazas y descalificaciones basadas en estereotipos de género.
Muchas de ellas son discriminadas por su identidad cultural indígena u originaria, donde las agresiones impactan no sólo en las funciones que desempeñan en la comunidad, sino además se trasladan a su entorno familiar, lo que transversaliza la violencia política.
Se confirma que existe poca claridad de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades responsables de atender esta modalidad de violencia, lo que ocasiona no sólo confusiones y fragmentación institucional, peor aún, revictimiza a las mujeres que se atreven a denunciar. Resulta indudable la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional.
Como sucede en muchos espacios, la VPMRG se ejerce como un mecanismo de resistencia ante la creciente presencia de las mujeres en cargos de decisión; su impacto diferenciado evidentemente se agudiza por condiciones culturales, estructurales y comunitarias.
Ante dichas conductas agresivas, las participantes propusieron, entre otras soluciones: mayor capacitación al funcionariado para que atienda estos casos con perspectiva de género, de derechos humanos y colectivos, y con un enfoque intercultural e interseccional; realizar más mesas de diálogo en los distintos territorios de los pueblos y barrios originarios, y de las comunidades indígenas; así como llevar a cabo un acompañamiento en asambleas comunitarias para socializar información clave.
La importancia de atender la violencia política contra las mujeres indígenas y de pueblos y barrios originarios en la CDMX radica en la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos y político-electorales en un contexto de discriminación interseccional.
Atender la VPMRG en los sectores más vulnerables de la sociedad y fomentar la participación de las mujeres indígenas y de las comunidades originarias es crucial para fortalecer la democracia inclusiva. La violencia política contra ellas a menudo se entrelaza con usos y costumbres discriminatorias o con el desconocimiento de sus formas de organización, requiriendo una atención con enfoque intercultural y de género.
Respetar los derechos humanos de las mujeres indígenas y de los pueblos y barrios originarios es preservar tradiciones, cultura y territorio. Su liderazgo político es fundamental para defender estos esfuerzos, para conservar la identidad que nos distingue del resto del mundo.
*Maestra en Políticas Públicas Comparadas y maestra en Política Pública y Género.