Subcontratación (outsourcing)

Pero algo cambió en Palacio porque el Ejecutivo ya envió la iniciativa en torno al asunto y ahora, como ya es costumbre en este sexenio, hay quienes pretenden suprimir del todo esa forma de la relación laboral e incluso se habla de imponer penas de cárcel a quienes incurran en esa práctica (hasta nueve años de prisión, dijo Ya Saben Quién).

El presidente López Obrador declaró anteayer que “si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos”. Es de celebrarse que, casi dos años después de haber tomado posesión como mandatario, AMLO haya salido a fijar su posición en términos tan claros.

El Ejecutivo fue más lejos, pues declaró que si en el gobierno hay subcontratación, ésta será eliminada, “porque es inmoral e ilegal” y él no quiere ser “cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores”. Muy bien, pero decir que “si en el gobierno hay subcontratación” es una forma condicional que, de entrada, no acepta que la mitad de la burocracia se halla laborando bajo ese esquema, de modo que el gobierno federal es el principal cliente de las empresas de outsourcing.

El Consejo Coordinador Empresarial dice que son cuatro millones 600 mil los mexicanos encuadrados en ese esquema, aunque otros cálculos estiman que son cinco y hasta siete millones los trabajadores sometidos a esa fórmula. Solamente la banca múltiple tiene a la mitad de sus empleados bajo ese régimen y BBVA Bancomer, desde 2007, creó una empresa filial encargada de reclutar personal para dotar al grupo financiero de los trabajadores que requiriera, por supuesto, sin responsabilidad laboral para éste, pues la gente que trabaja bajo esta relación con la firma outsourcing tiene contratos que, sencillamente, se renuevan a voluntad de la empresa que alquila personal a otras empresas, entre las cuales hay algunas que tienen a la totalidad de su personal bajo ese régimen.

Mediante ese esquema, los trabajadores reciben menos de lo que les correspondería por medio de contrato directo, carecen de estabilidad en el empleo, están sujetos a la firma de contratos de corta duración y se les priva de diversos derechos laborales. Pero nadie piense que esa relación bárbara sea ilegal. No lo es hasta ahora porque lo autoriza la legislación, por supuesto, en detrimento de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución.

Pese a todo, el hecho de que sea legal no lo hace mejor. El outsourcing es uno de los muchos frutos podridos del neoliberalismo y es plausible que se someta al análisis y las necesarias modificaciones propias de un régimen laboral menos injusto y con equilibrio entre los factores de la producción.

El señor Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice que la iniciativa para legislar en materia de subcontratación “viola el compromiso expreso de las autoridades de consultar a las organizaciones del sector privado”, augura quebrantos para la economía nacional, desempleo y despidos masivos, lo que repiten no pocos periodistas proempresariales.

Sin embargo, quienes hoy tienen una relación laboral como subcontratados ocupan plazas donde son necesarios. Si la ley obliga a las empresas a contratarlos de manera directa, no por eso sus funciones pasarán a ser prescindibles. El gran riesgo es que hoy se proceda a rajatabla, como lo ha hecho este gobierno con las guarderías o los fideicomisos. En diversas actividades, la subcontratación es necesaria y no resulta lesiva para los trabajadores ni para el interés social. De lo que se trata no es de erradicar la subcontratación, sino de regularla para suprimir sus aspectos aberrantes y anticonstitucionales. Ojalá los legisladores lo entiendan de la misma manera.