La Prosoc vs. Villa Olímpica

Como puede verse, los funcionarios de la Prosoc están metidos hasta el cuello en los enjuagues que han llevado a esta situación, pero su respuesta es invariablemente posponer toda solución, tapar su proceder e ineficiencia con verborrea de huizacheros y proteger al Comité de Vigilancia, lo que despide el fuerte tufo de una complicidad corrupta.

La propiedad en condominio genera interminables conflictos entre vecinos, no tanto por imperfecciones de la ley como por el comportamiento de funcionarios ineptos o poco escrupulosos. Tal es el caso de la Villa Olímpica, conjunto de 29 edificios y un total de 904 departamentos.

La historia de las relaciones problemáticas es de larga data, pero actualmente se halla en una gravísima situación porque la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), lejos de buscar arreglos aceptables para las partes en conflicto, se dedica a favorecer a la facción que ha hecho de la arbitrariedad una forma de existencia.

El 21 de agosto, la asamblea de condóminos eligió como administrador al señor Ardavín Cano Ramírez, pero, a la fecha, el Comité de Vigilancia no lo ha dejado ejercer el cargo, lo que tiene a la comunidad de Villa Olímpica en la inconformidad, pues la Prosoc se niega a entregarle a Ardavín Cano la acreditación respectiva.

Ante la flagrante irregularidad, un grupo de condóminos solicitó y consiguió ser recibido por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández. A la reunión asistió el titular de la Prosoc, Vladimir Aguilar García, quien se comprometió a entregarle a Ardavín Cano la acreditación como administrador, pero no cumplió el compromiso y, sorpresivamente, hace unos días se emitió una convocatoria a asamblea para el próximo sábado firmada por el jefe de la Prosoc en Tlalpan, Eduardo Aguilar Gudiño.

La foto que aparece en internet del tal Gudiño lo muestra en camisa, la prenda arrugada, el corte de pelo rapado en las sienes y un delgado cordón que le rodea el cuello a manera de collar. Pero la apariencia lumpen no es lo peor, pues el tipo debe ser un suertudote, en tanto que declara una percepción anual neta de 195 mil 673 pesos, pero es poseedor de tres departamentos: uno adquirido en abonos con valor de 750 mil pesos y otros dos recibidos en “donación”, uno que cuesta un millón 387 mil 388 pesos y otro que, según declaró, vale casi cinco millones.

Y mientras los funcionarios de la Prosoc disponen de riquezas como las citadas, Ardavín Cano se encuentra atado de manos porque la Procuraduría Social se niega a reconocerlo, no recibe los fondos necesarios para el desempeño de su función y es el comité de vigilancia el que parte el queso ante la incertidumbre de los condóminos. Pero en la gestión del citado comité hay irregularidades que pueden ser punibles. Elegido en 2022, a la fecha no ha sido capaz de ofrecer una rendición de cuentas ni ha hecho público el resultado de las auditorías que se deben realizar cada año. Para colmo, de los cinco integrantes del comité, uno renunció hace meses y no ha sido sustituido, en tanto que dos de los cuatro restantes ni siquiera son propietarios de un inmueble en Villa Olímpica, o al menos no lo han acreditado. Pero Gudiño convalidó su elección.

Lo que tiene a la comunidad en vilo es el destino de 13 millones de pesos que, sin consultar a la asamblea general, fueron depositados por el Comité de Vigilancia en CIBanco el pasado 27 de agosto, pese a que desde el 26 de junio dicho banco había sido intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de lavar dinero.

Existe, por supuesto, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que, en el mejor de los casos, sólo restituirá poco más de tres millones 400 mil pesos. ¿Y los nueve millones 629 mil restantes? Nadie sabe, pues los montos que superan la cantidad asegurada son lo último que llegaría a pagarse en caso de que hubiera fondos.

Como puede verse, los funcionarios de la Prosoc están metidos hasta el cuello en los enjuagues que han llevado a esta situación, pero su respuesta es invariablemente posponer toda solución, tapar su proceder e ineficiencia con verborrea de huizacheros y proteger al Comité de Vigilancia, lo que despide el fuerte tufo de una complicidad corrupta.

Por supuesto, los vecinos no aceptan tal situación y nombraron una comisión que los representó hace unos días ante Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ante quien denunciaron la situación y le solicitan respetuosamente el cese inmediato del procurador social, Vladimir Aguilar García, por su ineptitud y actuación facciosa. Esperamos que así ocurra.

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