Enésima reforma electoral

En medio de la actual polarización, voces sensatas han dicho que no es momento de realizar una reforma electoral, pero el hecho es que la iniciativa ya está en el Congreso y se puede augurar un debate interesante, aunque por momentos resulte agrio. 

 Un aspecto que debe ser inaceptable es el afán de someter al Instituto Nacional Electoral, dizque para “superar la situación en que las autoridades electorales se encontraban vinculadas, de una forma u otra, al gobierno en turno, lo cual recientemente se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno”, lo anterior es, desde luego, insostenible, pues, salvo excepciones conocidas, como la de 2012, el IFE, como ahora el INE, ha garantizado competencia pareja y juego limpio, lo que permitió el triunfo de los candidatos de Morena en 2018 y 2021. 

En forma inopinada, en los prolegómenos de la iniciativa se dice que hay corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que se realiza desde el gobierno, que alude al artículo séptimo constitucional para adjudicarse un derecho que corresponde a los ciudadanos, no a las autoridades, que en todo caso tienen atribuciones, además de que, para descalificar a los opositores, se emplea una tribuna que pagan los contribuyentes, lo que lesiona las bases de toda competencia democrática. 

El Ejecutivo propone concentrar en un solo organismo la preparación y realización de los procesos y el recuento de votos, se trate de comicios federales, estatales o municipales, lo que tal vez pueda significar un ahorro dentro del ofensivo gasto electoral, aunque seguramente no gustará a los gobernadores. 

 Otro punto que producirá una gran controversia es la propuesta de designar por voto secreto, universal y directo a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, lo que para algunos críticos favorecería al partido mayoritario, que, casualmente, es el que propone la reforma. 

Un aspecto plausible de la iniciativa presidencial es que busca reducir el número de diputados federales de 500 a 300 y el de senadores de 128 que son en la actualidad a 96, lo que representaría un ahorro considerable. Sin embargo, ese recorte es inaceptable para la llamada clase política, pues implica que los partidos tendrían menos huesos que ofrecer, pero lo cierto es que la abrumadora mayoría de los legisladores no intervienen en la discusión, pues históricamente, aunque todos cobran, sólo sube a tribuna once por ciento de los diputados. El caso de los senadores no debe ser muy distinto. 

 La reducción de cargos se extiende a estados y municipios, pues se propone que en los congresos locales no pase de 45 el número de diputados y que en los ayuntamientos el tope sea de nueve miembros, algo que ya causó malestar entre los gobernadores, incluidos los de Morena. 

De aprobarse la reforma, desaparecerán las diputaciones uninominales. Ya no habrá diputados por distrito, sino que votaremos por listas que deberán presentar los partidos, pues el reparto de curules pasará a ser rigurosamente proporcional. La medida es plausible porque, salvo excepción, los ciudadanos no conocen al diputado por su distrito, además de que los partidos tendrán que escoger con mayor cuidado a los integrantes de esas listas, pues van a representar al partido y no a los ciudadanos de un distrito, como hipotéticamente ocurre hoy. Los perjudicados por esta forma de elección serán los candidatos independientes, que deberán darse a conocer en toda una circunscripción y no sólo en un distrito. 

El punto más delicado es el referente a los dineros, pues se mantienen las prerrogativas para las campañas electorales, pero se suprime el financiamiento regular y cada organización partidaria deberá ser sostenida por sus miembros, como ocurrió hasta que la reforma de Reyes Heroles otorgó a los partidos cantidades que fueron creciendo en forma insostenible. 

El gran peligro es que se deja la puerta abierta para el financiamiento por particulares, con lo cual se favorece al partido en el poder y los que representen los intereses de los sectores pudientes. Sobra decir que eso pone todo el sistema electoral en una tesitura indeseable. Pero, en fin, son sólo propuestas. Hasta ahora.