Metrobuses van, Metrobuses vienen

En días pasados el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, ordenó la suspensión definitiva e inmediata de la construcción de la Línea 7 del Metrobús, bajo el argumento jurídico de que dicha construcción atenta contra un monumento histórico protegido, en esta caso, el Paseo de la Reforma.

Ante el juicio de amparo promovido por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, asociación civil que objetó la construcción de la Línea 7 sobre esa vialidad y el Bosque de Chapultepec, la obra tuvo que suspenderse y ser llevada a juicio.

El Metrobús inició operaciones con la Línea 1, en la administración del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; cuenta con 48 kilómetros de longitud y atraviesa la principal arteria de la ciudad, la avenida de los Insurgentes.

Las Líneas 2, 3 y 4 fueron inauguradas por Marcelo Ebrard Casaubón; cruzan la ciudad de norte a sur y de poniente a oriente; con 65 kilómetros de longitud y entre las tres suman más de 100 estaciones de destino. Las Líneas 5 y 6, que entre ambas cubren 30 kilómetros de longitud, fueron inauguradas por el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En suma, las 6 Líneas actuales del Metrobús se extienden por toda la Ciudad de México con cerca de 150 kilómetros de longitud; han sido construidas a lo largo de 12 años y nunca habían enfrentado problemas jurídicos para su construcción. Nunca.

La Línea 7 del Metrobús se ha topado con la ley. Una ley casi desconocida para la mayoría de los ciudadanos, y al parecer, incluso, para las mismas autoridades de la Ciudad de México. La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del DF fue creada en 2000 para evitar que el patrimonio cultural de la urbe, se viera afectado por la dinámica de crecimiento de la zona metropolitana, que en poco más de una década ha sido testigo de un boom inmobiliario, y es la ley en la cual se ha amparado la Academia Mexicana de Derecho Ambiental para suspender la obra.

En su artículo 12, esa ley es totalmente diáfana, menciona al Paseo de la Reforma como un espacio abierto monumental protegido, tanto por sus características de traza urbana, como por su simbolismo histórico, y en el artículo  se 13 señala que es un espacio abierto en el cual “se reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista histórico, artístico, estético y sociocultural que lo hacen meritorio de ser legado a las generaciones futuras”. Tal cual.

Y ante este impedimento jurídico, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera declaró: “No me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar y que violamos suspensiones, yo tengo que ver por el beneficio de la gente”,  sentenció tajante.

¿Exabrupto o baladronada? Al jefe de Gobierno se le tendría que explicar que como máxima autoridad de la ciudad, tendría que ser el primero en defender el respeto a la ley. Si el equipo de trabajo a sus órdenes, encargado de desarrollar el proyecto ejecutivo de la Línea 7 del Metrobús, cometió una pifia y no contempló el impacto urbano que tendría su construcción sobre una avenida protegida como patrimonio cultural, lo primero que tendría que hacer es asumir las consecuencias.

La vialidad de la Ciudad de México, convertida desde hace tiempo en una caótica y desordenada megalópolis, exige sistemas colectivos de transporte que sean eficientes y sustentables, como el sistema del Metrobús, pero nunca a costa de violar la ley.

¿Cómo saldrá Mancera del atolladero en el que se metió? Mucho dependerá de la estrategia jurídica que prepare.

Por hoy, los capitalinos contamos con una Asociación Mexicana de Derecho Ambiental comprometida con la ley, y mientras tanto vemos cómo por las principales calles y avenidas de la metrópoli, metrobuses van metrobuses vienen.