Círculo perverso y perfecto

La violencia impune de la noche negra de Iguala ha puesto a México y a su gobierno en la peor crisis de imagen, credibilidad y respeto en el mundo en cuando menos lo que va del presente siglo. El escenario no es nada fácil luego de seis asesinatos y 43 desapariciones realizadas al unísono, según las evidencias disponibles, por agentes de la policía municipal y sicarios de un grupo criminal, bajo el mandato del alcalde de la localidad, su esposa y jefes de un cártel delincuencial llamado Guerreros Unidos.

De esos hechos violentos ha pasado un mes; hay medio centenar de detenidos; el suicidio de un presunto líder criminal; un exalcalde y su esposa señalados como los autores intelectuales, prófugos; el decomiso de seis casas de éstos dos personajes; un gobernador que solicitó licencia; heridos que se recuperan fatigosamente; protestas callejeras pacíficas y violentas, tanto en la capital del país como en otras ciudades de México y del extranjero; tomas y quemas de edificios y archivos públicos y saqueos a comercios privados… Lo único que no se sabe es ¿dónde están los 43 jóvenes desaparecidos? El gobierno mexicano, en todas sus instancias, ha sido incapaz de localizarlos y sus investigadores ineficaces para obtener esa información de al menos unos 60 (los detenidos y los sobrevivientes) participantes o testigos.

Un mes después el escenario para el gobierno mexicano es el peor de todos: el de perder-perder. Primero, ¿dónde están 43 los estudiantes? Si están muertos, grave; si están vivos, grave. ¿Cómo explicar cualquiera de esas dos hipótesis ?

Políticamente existe una situación similar a la de hace 20 años. La noche del 31 de diciembre de 1993, México celebró el fin del año viejo y se fue a dormir con el sueño de amanecer en el primer mundo (la entrada al Tratado de Libre Comercio), y el 1º de enero de 1994 despertó con una de las peores pesadillas del tercer mundo (una revuelta armada indígena, la del EZLN), que ya fue explicado con datos y  mejores argumentos en estas páginas por Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior.

Los terribles, indignantes e inaceptables hechos sangrientos de la noche del 26 de septiembre en Iguala no fueron incubados en las horas anteriores, ni en los días ni meses recientes, ni de los años del gobierno municipal de José Luis Abarca y su esposa y del estatal de Ángel Aguirre. Esos hechos son apenas una de la muchas erupciones de un sistema político-económico-social invadido, desde hace muchos años, por la corrupción, que ha carcomido a todo el Estado (ojo: el concepto original y más simple incluye a sus ciudadanos) mexicano. (Aquí el escribidor solicita un poco de comprensión antes de que la jauría políticamente correcta lo persiga acusándolo de intentar salvar a tal cual o cual personaje de la escala gubernamental. No se trata de eso.)

El escribidor cree que los abominables hechos de Iguala tienen buena parte de su origen y paternidad —como otros muchísimos que han ocurrido y ocurren en el país (la misma noche en la costera de Acapulco, en el mismo estado, hubo situaciones de violencia que culminaron en otros seis homicidios, hoy olvidados, al igual que las seis muertes de Iguala, entre ellos de las un joven futbolistas de apenas 15 años, seguramente porque no ofrecen réditos políticos)— en el mismo momento en el que el Estado mexicano comenzó a abandonar su máxima obligación: la de aplicar la ley para garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus personas, sus bienes, sus libertades, sus creencias… sus derechos individuales, los de todos, y castigar a quienes con sus violaciones a la ley atacan al Estado de derecho.

Y en México el principal enemigo del Estado de derecho se llama corrupción. Corrupción política, corrupción económica, corrupción social, corrupción gubernamental, corrupción ciudadana, corrupción grande,  corrupción pequeña… la Corrupción (con mayúscula, porque la reclama, se la ha ganado).

La corrupción es, en México, la principal causa de la impunidad, cuando provoca e impide la aplicación de las leyes contra los asesinos, los violadores de los derechos humanos, los secuestradores, los defraudadores, los ladrones, los corruptos, los tratantes de blancas, los narcotraficantes, los torturadores, los saqueadores, los que no respetan los reglamentos de tránsito, los evasores de impuestos, los que incumplen con sus obligaciones, ya sean públicas o privadas… Los mexicanos saben que todo, desde los delitos mayores a los menores, se resuelve con una lana, lo mismo un millonario fraude que el pasarse un alto.

La corrupción provoca impunidad y la impunidad provoca la corrupción. Es el círculo perverso y perfecto... que invadió y carcomió toda la estructura del Estado mexicano (y ya se dijo que la acepción primaria de Estado incluye a los ciudadanos).

Pero, en fin, lejos de elucubraciones y “filosofías” baratas (pero efectivas, agregaría alguien), hoy el Estado mexicano debe responder una pregunta elemental: ¿Dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Sin respuesta, no habrá ninguna solución ni el escenario mejorará en absoluto. Luego, ¿quiénes fueron los responsables de su desaparición?; después: ¿cuál será su castigo?, ¿se seguirá el debido proceso para que no queden libres de inmediato? Más tarde: ¡uf! quedan muchos, muchísimos casos tan sólo por desapariciones que resolver… y en medio de todo hay que pensar en la reconstrucción del Estado-Nación que se llama México. El camino es largo y sinuoso…