¿Votar contra México?

El pacto alcanzado tras nuestra gesta de Independencia es muy claro, la soberanía debe ejercerse a través de tres poderes, siendo cada uno independiente de los otros. La burda simulación que el partido de Estado entramó para anular el equilibrio entre ellos es, sencillamente, inaceptable, espuria e ilegítima, nadie votó por la desaparición del andamiaje institucional, al renovar los escaños en las cámaras ni al designar al titular del Ejecutivo federal.

La alteración constitucional, promovida por una mayoría surgida de una cuestionable alianza con el crimen organizado, no es sino una transgresión del acuerdo fundacional. Se llegó a tal extremo que se desfiguró lo que en algún momento fue conocido como México. Los mexicanos, hoy, son presa de una turba de mapaches que supieron aprovechar la descomposición del sistema de partidos. Cooptaron el vano y superficial aparato electoral, integrado por fatuos sujetos parlanchines que jamás supieron brindar equidad en la contienda y permitieron que la estructura comicial fuera capturada por una red delincuencial. El fraude de las actas, hasta ahora, es el crimen perfecto.

Hoy, se nos invita a colocar el último clavo en la tapa de ese féretro en el que fueron poniendo todos los componentes que nos brindaban un Estado de derecho. Ahí, donde colocaron el respeto a los derechos fundamentales. Donde se pusieron todos y cada uno de los valladares que impedían que los burócratas abusaran del poder, y que se embolsaran los recursos de la nación. Sí, en ese cajón en el que se arrumbó la esencia de la Constitución, esto es, todo el capítulo dogmático en el que el ciudadano era el eje de la vida institucional.

El juicio de amparo nació cuando un caprichoso y atrabiliario gobernador quiso imponerse sobre un ciudadano, al que le concedió la oportunidad de humillarse ante aquél tras haber expresado éste libremente su opinión. El evento lo reprodujo, en su más pura y baja miseria, Noroña, quien encarna brutalmente la primitiva condición que aqueja a quienes hoy se dicen electos por el pueblo. Si tal evento no conduce a una satisfacción auspiciada por instancias internacionales, en las que el Estado mexicano pida una disculpa al vejado, quedará claro que no vivimos más en una democracia, sino en un stalinato disfrazado de transformación.

La tergiversación del poder de decir el derecho y la anulación de la independencia judicial están detrás del lamentable evento, siendo sólo el principio de lo que ahora nos ofrece el partido de Estado, el cual carece de legitimación para obrar como lo ha hecho tras haber abusado grotescamente de autoridades electorales que no estuvieron, jamás, a la altura de la encomienda conferida.

Siendo así, la invitación es diáfanamente clara, se nos convoca a ser parte y cómplices de la destrucción del sueño de los padres constituyentes y de la oportunidad de que los mexicanos cuenten con condiciones en las que puedan desarrollar con dignidad un proyecto de vida. Sí, de ese entorno que armonice, con equidad, las aspiraciones de cada uno, con las de una comunidad que persigue, como finalidad, el bien común, sí, en el que la burocracia no es sino un mero instrumento administrativo y no señora dadora de vida y hacienda. Todo derecho fundamental pierde vigencia si ya no existen órganos autónomos entre sí, que velen por que el aparato gubernamental cumpla su deber, cuidando que los pesos y contrapesos aseguren el equilibrio pactado.

Entramos, pues, a una etapa de decisiones formalmente válidas, anulables de fondo, como lo fueran aquellas que dictara el Tribunal del Pueblo, establecido por el Führer en 1934.