La genialidad de rifar el TP01

Si votó o no por López Obrador, en este momento debe reconocer que el Presidente es un genio de la comunicación. La puntada, por así decirlo, del avión presidencial y su respectiva rifa es una “puntada" sin precedentes. Mientras el país está sumido en una crisis de salud, por el cambio del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar, y los niveles de violencia no ceden ante la negativa del gobierno de modificar su estrategia en materia de seguridad, todo el mundo estamos inmersos en la broma de la rifa del TP01, que si le vamos a poner peluche en el tablero, que cuánto “catrín lavandín" o “vainillino cotorro" necesitaremos para aromatizar la nave de naves, que dónde lo estacionamos, entre miles de ocurrencias más, el país no tiene buenas cifras en los principales indicadores.

No hay nada mejor para un gobernante que una real explosión de realidad en la cara. Y eso fue lo que pasó con la frustrada venta del avión presidencial, aunque el ciudadano aprovechó, como siempre, la coyuntura del fracaso para armarse una gran historia, en su fuero interno sabe que su fracaso fue puntual y que hay cosas que, por más que le reporten ganancias en popularidad, sabe que son insostenibles.

La diferencia para poder vender el Boeing 787 Dreamliner es muy poca, tan sólo cinco millones de dólares, que en el marco de lo gastado parece ser una nimiedad. Ya veremos en qué termina esta historia, que, si no fuera un asunto de pesos y centavos, sería una gran comedia.

En el caso del Colegio Cervantes de Torreón, me preocupan con puntualidad varias cosas. La primera de ellas es la propensión que tenemos de querer culpar al de enfrente de un asunto que, evidentemente, es responsabilidad de todos. Todos los mexicanos tenemos una parte de la culpa. El pasaporte de normalidad que le hemos dado al homicidio es culpable de parte de la violencia que vivimos. La Fiscalía del estado se ha dedicado, con ahínco, a revelar los turbios antecedentes del abuelo del niño que perpetró la agresión en su escuela. Me queda claro que al señor se le pueden imputar delitos tan diversos como el de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, lavado de dinero e incluso delitos contra la salud. Pero me parece un absoluto acto de malabarismo jurídico que se haga responsable al abuelo de los dos homicidios a través de la figura de comisión por omisión.

Para tratar de explicar el asunto cito algunos ejemplos del maestro Rodolfo Félix, uno de los mejores penalistas de este país y exprocurador de la CDMX. El no evitar que el nieto tome las pistolas se equipara a quien deja las llaves de un coche y un niño las toma, acelera y mata a alguien. Quien deja las llaves, como quien deja las pistolas, no es garante, no existen en los delitos de comisión por omisión los deberes de garantía general.

Otro caso es el de un vigilante de un comercio al que de noche se le meten a robar y no lo evita, el vigilante no roba, no es responsable del robo, como no es responsable el padre que no interviene para que su hija no sea violada. En la comisión por omisión existe un deber que actúa para impedir que se produzca un resultado, de tal forma que quien tiene el deber no actúa y el resultado se produce, se le imputa como si él hubiera causado el mismo de forma activa. Por más mensajes que descubrieron en el celular de José Ángel “N”, en el sentido de que él había facilitado lo que pasó, no me parece que cambie lo anterior. No pongo en duda que el abuelo pueda tener muchas cuentas pendientes, pero ya quiero ver el ridículo del gobierno de Coahuila si un juez, porque la imputación está mal hecha, libera al abuelo, a quien le quieren cargar la culpa de la violencia que compartimos diario en todo el país.

Por cierto, muy preocupado por la propuesta de reforma penal que ha llegado al Senado de la República. Entre varias de las inconsistencias, es la de acabar con la transparencia que se ganó con la grabación y la apertura de las audiencias. Se propone registrar las audiencias por escrito como en el sistema de las cavernas del que vamos saliendo. Otra figura inaceptable es la conformación de un tribunal especial para enjuiciar a jueces y magistrados, regresando al sistema de castas que tanto daño hizo a nuestro país. Cuotas y cuates para juzgar a quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley y que pudo fallar o sucumbir ante los estímulos para el proceso.