Tequila adulterado
Las democracias mueren cuando se permite que delincuentes y criminales se apoderen de las instituciones públicas
En un puntilloso ensayo para The New York Times, Mary Beth Sheridan apunta que la Casa Blanca mantiene su discurso sobre la necesidad de intensificar la presencia militar estadunidense en México con el propósito de acabar con los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas a través de la frontera.
El argumento es persistente: los cárteles gobiernan extensos territorios y el gobierno federal, inundado por el miedo, es incapaz de acabar con ellos. Por desgracia, los grupos delincuenciales han ido ganando terreno en una búsqueda por controlar policías municipales, gobiernos estatales, legisladores federales y locales.
Como señala Sheridan, el problema de fondo no es que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado; lo preocupante es que los narcos llegan a controlar instituciones completas. En síntesis: un fenómeno de “colusión política” donde grupos delictivos y políticos trabajan juntos para fortalecer ganancias y minimizar riesgos.
La contaminación entre política y narcotráfico es algo atávico en una gobernanza sostenida en la corrupción y los negocios ilegales. Este tipo de “matrimonios por conveniencia” también se presentaron durante sexenios anteriores. Las historias abundan en los últimos 50 años. Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum, es una maquinaria electoral compleja y dividida en facciones, que después del “retiro” de López Obrador, busca consolidar su identidad y autonomía en una lucha intestina cada vez más sorda y peligrosa.
Los propios cárteles han adquirido suficiente poder para “expandir” sus ganancias al jugoso negocio de la extorsión. El objetivo central es “domesticar” a autoridades municipales para que rindan ganancias adicionales y se hagan cargo también del derecho de piso.
Las campañas son la oportunidad propicia para que los criminales incorporen a sus “cuadros” como funcionarios dóciles y obedientes en espacios públicos. Al final, el dinero sucio que se invierte en los procesos electorales tiene tasas de retorno garantizadas.
El mejor ejemplo de lo anterior se materializó con la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, quien se asumía como subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con una denuncia presentada por un regidor del ayuntamiento de Tequila, que había sido incluida en la orden de aprehensión, el edil morenista había pactado con el grupo criminal 40 millones de pesos por año, producto del erario, a cambio de que él trabajara recabando el dinero.
El gabinete municipal era el operador directo de las extorsiones y “levantones” ordenadas por el cártel para obtener el dinero ilegal. Incluso, un comerciante no identificado, referido en la orden de aprehensión, aseguró que el alcalde se refería a El Mencho como: “el patrón”.
La administración de Rivera estuvo envuelta en polémicas y abusos, como la controvertida apropiación del Museo Nacional del Tequila y el acoso y represalias contra empresarios, comerciantes, regidoras y activistas que se negaran a tomar “caballitos” del tequila adulterado que, a fuerzas, servía un alcalde entregado a los designios de grupos criminales.
BALANCE
Enfrentar la “colusión política” a la que se refiere Sheridan requiere de un esfuerzo mayúsculo como el que está llevando a cabo Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada operativo destapa una cloaca cada vez más honda y pestilente.
Las democracias mueren cuando se permite que delincuentes y criminales se apoderen de las instituciones públicas para cumplir con objetivos oscuros e inconfesables. La única solución radica en no entregar la plaza y proteger a los ciudadanos del apetito desmedido de cárteles y mafias.