Hace 11 años y siete meses desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Promesas van, promesas vienen, pero es la hora que no sabe qué pasó con ellos.
Es mucho el tiempo y poca la esperanza de conocer la verdad.
Los padres y las madres de los normalistas ya están confrontados, divididos en dos grupos en cuanto a la estrategia a seguir.
El grupo mayoritario quiere mantener las marchas en la CDMX cada mes. Son más de veinte. Otros quince pertenecen al grupo minoritario que prefiere seguir la ruta legal.
El resto “se han ido muriendo”, sin conocer la verdad, nos dice Felipe de la Cruz, padre de un alumno de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, vocero del grupo minoritario.
De nada les han servido las innumerables protestas, marchas, plantones, reuniones con autoridades.
Los gobiernos han cambiado de color y los presidentes de nombre. Peña Nieto, AMLO, Sheinbaum. Los restos de los normalistas no aparecen. La fatiga hace estragos.
La gota que derramó el vaso es una diligencia ministerial encabezada por personal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), en presencia de una comisión de padres y madres de los normalistas que pertenecen al grupo mayoritario.
En la diligencia también estuvieron presentes representantes de Centro de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
Los del grupo de los quince ni siquiera fueron notificados de esa diligencia. Están cansados, enfermos, decepcionados.
El vocero De La Cruz habla de las causas que dividen a los padres de los 43:
“Los abogados los obligan a que vayan a las marchas, que estén en las actividades. Nosotros decidimos tener otra dinámica, evitando el esfuerzo de los padres para que se trasladen a la Ciudad de México cada mes, con todas las enfermedades que cargan.
“Optamos por proponer líneas de investigación para que, a través de la Fiscalía General, sean llamados a declarar otros involucrados que sabemos no han sido molestados”, dijo en referencia a integrantes del gabinete de Peña Nieto.
El grupo de los quince publicó, a mediados de la semana, un pronunciamiento a la opinión pública en el que señala:
“Los abajo firmantes no fuimos invitados a la realización de la aludida inspección, situación que nos agravia, dado que no es la primera ocasión que se nos excluye de procedimientos relacionados con el caso, lo que constituye una flagrante violación a nuestros derechos humanos, particularmente a la seguridad jurídica y a la legalidad”.
De La Cruz agrega: “El gobierno nos discrimina al no notificarnos por ser menos que los demás compañeros. Exigimos trato igual, porque somos víctimas del mismo hecho.
“Le pedimos a la Presidenta de la República que tome cartas en esta cuestión”, puntualiza.
* Por fin, se dio a conocer, en la mañanera, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de 1952 a 2026. Son 394 mil 645.
De ese total, 240 mil 212 fueron localizadas con vida (66%) y 132 mil 534 (34%) siguen desaparecidas.
Del 2006 a la fecha hay 130 mil 178 registros con estatus de desaparecidos. De ese total, 43 mil 128 no han tenido actividad alguna; 46 mil 308 sí la han tenido después de su fecha de desaparición y en 46 mil 742 casos no hay datos suficientes. De ese total, sólo hay 3 mil 869 carpetas de investigación.
Las cifras que dio la presidenta Sheinbaum han sido criticadas por organizaciones de Derechos Humanos. El Centro Prodh, por ejemplo, dice:
“Acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”.
Y dice más: “Reconocer que únicamente hay 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías”.
Causa en Común advierte que las cifras no son confiables. “Estos datos deben leerse con absoluta reserva”, subraya.