Carta sin contestación

No ha habido respuesta oficial a la carta que envió la Barra Americana de Abogados al presidente López Obrador.

En la misiva, fechada el 20 octubre, los abogados gringos denuncian amenazas y presiones del SAT y la Procuraduría Fiscal a supuestos deudores del fisco que han buscado asesoría jurídica para resolver su situación.

Eddie Varon, recién designado enlace de la Barra Americana con el Poder Judicial Federal, lamenta el silencio oficial frente a estos graves señalamientos.

Dice: “Si van a seguir las embestidas en contra del Poder Judicial Federal, que es lo mejor que tenemos, le digo al Presidente que va a haber consecuencias en varios órganos internacionales y gobiernos extranjeros”.

Varon Levy recordó que el T-MEC, empujado por la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, ha dicho claramente que, si no hay certeza jurídica, se va a dificultar la cooperación de Estados Unidos con México.

“Y puedes citarme”, sugirió Varon Levy.

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El Grupo Eurasia, especialista en detectar riesgos políticos para inversionistas en todo el mundo, dice que hay un 80% de posibilidades de que en México aumenten los impuestos después de las elecciones del 21.

“Los cambios parciales son más probables que una reforma fiscal amplia y bien planificada”, puntualizan los expertos de este grupo con oficinas en Washington, Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio, Brasilia y Singapur.

El tamaño de la reforma dependerá principalmente de si el Presidente percibe que es necesaria para financiar el gasto y mantener la estabilidad fiscal, remata.

A subrayar que AMLO se comprometió en campaña a no elevar impuestos durante la primera mitad de su mandato, convencido que serían suficientes los recursos obtenidos del combate a la corrupción y de una gestión austera.

Pero se le vino encima el covid-19, con todo y el tsunami económico que provocó y esos cálculos se alteraron.

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Ulises Mejía Haro, alcalde morenista de Zacatecas, se convirtió en el primer funcionario de la entidad en ser sentenciado por ejercer violencia política de género.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de la síndico morenista, Ruth Calderón.

La mujer lo acusa de quitarle facultades porque, afirma, se rehusó a firmar pagos irregulares y a autorizar obras, sin aprobación del cabildo.

“Ya me había quitado personal. He sido objeto de linchamiento mediático en redes sociales. Los funcionarios también hacen cometarios para generarme una mala imagen”, asegura Calderón.

Lo importante de la resolución es que Ulises, destacado actor político en Zacatecas, queda inhabilitado para ser candidato a gobernador de la entidad, resalta la abogada de la agraviada, Violeta Cerillo.

“El criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral es que ningún sentenciado por violencia política de género puede ser candidato”, puntualiza.

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Otra vez los morenos se pasaron por el arco del triunfo las reglas del debate pactado alrededor de ese circo denominado consulta para enjuiciar a los expresidentes.

Se habían pactado tres rondas de oradores, pero apenas había pasado la primera cuando unilateralmente se suspendió la discusión con el argumento de que ya estaban allí los funcionarios de salud llamados a comparecer.

En el primer bloque de oradores se escucharon los argumentos que el Presidente ha esgrimido en la mañanera para justificar la consulta.

“El pueblo tiene derecho de ir a las urnas no sólo a elegir, sino a decidir”, dijo el diputado de Morena Pablo Gómez.

“¡Bravo! ¡Bravo!”, se escuchó en la bancada guinda, en señal de aprobación.

La oposición reviró: no es necesario un proceso de consulta para llevar a cabo investigaciones y procesos penales con respecto a la corrupción.

Ningún exfuncionario tiene fuero.

“¡Claro que estamos de acuerdo que se meta al bote a todo el que haya violado la ley! Pero no sólo a los expresidentes, sino a todo aquel que haya violado la ley. Eso ni siquiera es cuestión de consulta”, dijo el panista Jorge Luis Preciado.

El priista Enrique Ochoa se quedó con su intervención en la mano. Iba a subir a tribuna en segunda ronda para decir lo siguiente: “Morena quiere convertir la consulta en una estrategia electoral para evitar la derrota en el 2021”.

Y más: “no es un ejercicio de democracia participativa. Es un pretexto de persecución política y mediática. La justicia penal no se consulta”.