Roger Boyes no es un oráculo, pero tuvo algo de premonitorio gracias a su experiencia de casi medio siglo como corresponsal en el extranjero. Hoy es editor diplomático de The Times, donde escribe una columna sobre asuntos internacionales. El 3 de enero, al tiempo en que Nicolás Maduro era capturado por fuerzas de élite de Estados Unidos, los lectores de ese diario británico se desayunaban con un ensayo suyo a dos planas: Las cinco victorias que podrían ayudar a estabilizar el mundo en 2026.
La quinta “victoria” reza: “Un cambio de liderazgo venezolano neutraliza a un aliado de Rusia y China y debilita el eje de los autócratas”. En esa cabeza de descanso, Boyes aventura: “Se espera un ataque estadunidense breve y contundente contra Nicolás Maduro, el presidente venezolano. Un gobierno débil que se apropia de algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo es un foco natural de competencia global y, asimismo, una prueba de lo que la administración Trump está dispuesta a hacer para forjar un gobierno comprensivo en su propio territorio”.
No hay sorpresa ni engaño. Donald Trump colocó al petróleo venezolano en el centro de su política exterior y económica. Sus declaraciones habitualmente hostiles constituyen una estrategia de control directo de los recursos energéticos del país caribeño, que apunta a redefinir el papel de Estados Unidos.
En una entrevista con The New York Times, Trump fue claro: “Vamos a usar ese petróleo, y lo vamos a tomar”, al hablar del tesoro venezolano que ahora, según él, estará bajo la supervisión de Washington.
La Casa Blanca, según reporta The Guardian, anunció que el gobierno estadunidense controlará indefinidamente las ventas de crudo venezolano, fijando condiciones que, en palabras del vicepresidente JD Vance, obligan a Caracas a “servir a los intereses de Estados Unidos” para vender su petróleo.
Trump también ha presentado la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano que, aseguró, serán vendidos a precio de mercado y cuyos ingresos “serán controlados por mí, como presidente de Estados Unidos” para beneficiar al pueblo venezolano y al estadunidense. Esta declaración, además de estratégica, remueve el debate sobre soberanía nacional y control de recursos naturales.
En The Washington Post se destaca otra arista. La Casa Blanca cabildea por convencer a gigantes del petróleo de invertir en infraestructura venezolana, en un esfuerzo por reposicionar esa industria, castigada desde hace décadas. Trump ha puesto sobre la mesa inversiones millonarias, y ha prometido certeza jurídica, aunque algunas empresas advierten que sin reformas estructurales el país es “no invertible”.
Según Financial Times, este enfoque explosivo de Trump, que busca atraer capital privado para levantar la producción petrolera más grande del mundo, también responde a un cálculo político. Controlar la energía venezolana permitiría presionar a rivales geopolíticos como China y Rusia, al tiempo que podría ayudar a reducir los precios del petróleo para el consumidor estadunidense.
En suma, lo que Trump ha dicho sobre el petróleo es una doctrina de recursos que redefine la relación entre poder político, energía y soberanía en el siglo XXI. Ni una línea sobre el derecho de Venezuela a decidir su futuro. Nada sobre una agenda democrática concreta. Ni un solo mensaje solidario al pueblo venezolano y una distancia franca con la Nobel de la Paz, María Corina Machado.
En 1938, contratado por la compañía Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, con transparentes intereses en Londres, el escritor inglés Evelyn Waugh viajó a México para escribir un libelo sobre la expropiación petrolera. El resultado fue Robo al amparo de la ley, título que demandó retirar de sus Obras completas.
La óptica de Trump es radicalmente distinta. Cuestionado por el NY Times en el marco del affaire venezolano, sencillamente lanzó: “No necesito el derecho internacional”.