Venezuela y la sobrerrepresentación
La crisis en Venezuela escaló como consecuencia de la parcialidad manifiesta del Consejo Nacional Electoral. Retrasó cómputos, expulsó testigos en mesas de votación, negó entrega de actas en donde pudo y se atrevió a declarar a Nicolás Maduro como ganador con pura ...
La crisis en Venezuela escaló como consecuencia de la parcialidad manifiesta del Consejo Nacional Electoral. Retrasó cómputos, expulsó testigos en mesas de votación, negó entrega de actas en donde pudo y se atrevió a declarar a Nicolás Maduro como ganador con pura saliva, sin transparentar una sola casilla. Por ser controlado por el gobierno no goza de credibilidad y su facciosa actuación, al dar después de media noche un resultado inverosímil, generó inconformidad y protestas, provocando en los mexicanos un déjà vu con la caída del sistema de 1988.
La oposición venezolana hizo lo que le corresponde a la autoridad electoral, acopiando y publicando más de 80% de las actas, mismas que tienen medidas de seguridad que hacen muy difícil su falsificación. Por eso tiene razón María Corina Machado cuando asegura que ellos demostraron su triunfo. De hecho, la revisión de esos documentos ha generado que organismos independientes y agencias de noticias hayan acreditado la holgada victoria de Edmundo González y que un número creciente de países lo reconozcan como ganador.
Mientras tanto, el oficialismo recurre a delirantes teorías de la conspiración sobre hackeos imaginarios a máquinas de votación que ni siquiera están conectadas a internet para justificar la negligencia institucional y la falta de pruebas de su proclamado triunfo, así como de presuntos planes golpistas orquestados desde el extranjero para hacer lo propio con la salvaje represión y su caudal de asesinados, heridos, detenidos, torturados y desaparecidos.
Ante el descrédito del CNE, el régimen recurrió de manera forzada al Tribunal Supremo para que éste dirima las controversias; pero en realidad carga con el mismo desprestigio porque no hay división de Poderes y es sabido que hará lo que le ordenen. Lo único aceptable para la oposición sería el cotejo y verificación independiente de las actas que ninguna institución venezolana puede garantizar porque el populismo ha acabado con cualquier vestigio de neutralidad y autonomía en todo el aparato de Estado, algo que implicaría forzosamente la participación de la comunidad internacional.
Las comparaciones son odiosas, pero si se hacen correctamente pueden ser muy útiles. El hiperpresidencialismo de una autocracia electiva con hegemonía partidaria, exacerbada militarización y connivencia con el crimen organizado describe al régimen chavista y es el espejo en el que México debe mirarse. Tan pronto como en septiembre podríamos atestiguar el fin de la independencia judicial si se aprueba el plan C de López Obrador. Además, se suprimirían los órganos autónomos y en poco tiempo el gobierno asumiría el control total de las autoridades electorales, así sea de facto. Para decirlo con claridad, las iniciativas recién dictaminadas para aprobarse fast track en el último mes de la presente administración significan la irreversibilidad de la venezolanización política del país.
Pero ese escenario sería improbable si el INE y el TEPJF resisten las presiones del gobierno que, sin facultades ni pudor, les dictó públicamente cómo quiere que se integre la Cámara de Diputados, al margen de la Constitución, la cual tiene establecido dos topes a la sobrerrepresentación para garantizar que ninguna fuerza por sí sola pueda modificarla a su antojo. Decir que la Carta Magna permite ignorar a 46% de los ciudadanos en los cambios constitucionales y multiplicar por cuatro la diferencia que hubo en las urnas entre oficialismo y oposición es difamarla.
La interpretación obtusamente gramatical es insostenible, al menos que usen dos criterios para el mismo artículo, olvidándose no sólo de la sistematicidad, teleología, historia y garantismo, sino hasta de la más elemental congruencia. El 54 constitucional establece que 8% extra es el límite para un partido y también que sólo los partidos que registren 200 candidatos a diputados uninominales pueden aspirar a la representación proporcional, lo cual, literalmente, sólo cumple MC. ¿Para el registro, “partido” debe entenderse como coalición, pero para la repartición ya no? Sería el colmo.
