Lo que revela Texcaltitlán

Pasamos de fue el Estado a no hay Estado. La creciente militarización no ha significado mayor seguridad, al contrario, estamos en el sexenio más violento del que se tenga registro y, por si eso fuera poco, el crimen organizado ha acrecentado su poder en todos los ámbitos. Se ha hablado mucho del error de pegarle al avispero con la llamada “guerra contra el narco”, pero dejar a las avispas en paz y a sus anchas ha resultado peor. Poblaciones enteras padecen en carne propia la impune y diversificada industria criminal.

Un grupo de campesinos de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, optaron por enfrentar directamente a criminales violentos. De ese tamaño es la desesperación social ante la ausencia de fuerzas policiacas, las cuales tienen la obligación constitucional de combatir a la delincuencia y proteger a las personas. Aunque el Presidente afirme que todos debemos enfrentar la extorsión, ésa es responsabilidad del Estado, el cual posee jurídicamente el monopolio legítimo de la violencia y cuenta con la fuerza suficiente para someter a grupos armados.

La negligencia en seguridad se paga con vidas e insinuar que los ciudadanos deben seguir el ejemplo de los mexiquenses que recurrieron a la justicia por propia mano es ponerlos en riesgo y renunciar al Estado de derecho. Se reconoce el heroísmo, pero no habría necesidad si la autoridad hubiera hecho su trabajo y estarían vivos tres pobladores, entre ellos Noé Olivares, el delegado comunal que encabezó la insurrección contra el yugo de los malhechores. En realidad, el llamado presidencial significa la claudicación ante el crimen.

El empoderamiento delincuencial ha hecho que el narcotráfico sea sólo una de las facetas de los grandes cárteles. Ahora extorsionan, cobran derecho de piso, secuestran y hasta controlan la venta de refrescos, pollo, leche, huevo y carne. Los comerciantes deben comprarles los productos con sobreprecio y a los agricultores les imponen cuota para poder sembrar y cosechar. Y el elefante en la sala es su creciente participación e influencia en las elecciones.

La razón primigenia del Estado es proteger la vida, la integridad y la propiedad a las personas, pero el cálculo del gobierno federal ha sido no confrontar a las organizaciones con alto poder de fuego, quizá pensando que así iría disminuyendo la violencia, en la medida que las más fuertes irían imponiendo su hegemonía en las diversas zonas en disputa. En ese sentido, creen que la guerra entre ellas acabará estableciendo la correlación de fuerzas y los términos de una eventual pax narca con base en las plazas que cada una domina. Al margen de lo cuestionable de la estrategia, tanto por los medios como por los fines, el problema es que ya no se trata sólo de la producción y trasiego de drogas ilegales, sino del control territorial, de la expoliación de ciudades, pueblos y comunidades.

Más de 100 mil miembros con formación militar conforman la Guardia Nacional y tanto el Ejército como la Marina han tenido, durante toda la presente administración, la facultad de acudir en su respaldo y realizar labores de seguridad pública. Pero eso no ha funcionado porque la finalidad de ése y otros muchos y variados roles que se han asignado a las Fuerzas Armadas es fundamentalmente política: convertirlas en un pilar del régimen hiperpresidencialista que ha vuelto por sus fueros.

Por definición, los enemigos de la sociedad son los criminales, pero la prioridad oficial es combatir a los adversarios políticos. Para eso no se escamotean recursos e ignoran las leyes que les estorban para cumplir su cometido de regresar a los tiempos del partido casi único. El proyecto de la cacareada “transformación” es el poder –concentrarlo, extenderlo y conservarlo– y todo se subordina a eso, descuidando hasta la seguridad. En 2021 se documentó la operación electoral de los cárteles y nada se está haciendo para siquiera inhibirla en las del próximo año porque, como entonces, pretenden beneficiarse de ella.

Pero, con todo y todo, hay una oportunidad para corregir el rumbo y poner en el centro a las personas y su derecho a vivir en paz y sin miedo. Quizá no tengamos otra en mucho tiempo. ¡Vota!