La Cámara de Diputados mantendrá 500 integrantes: 300 electos por distrito y 200 por representación proporcional, distribuidos así: 97 asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar y 95 por votación directa por circunscripción y partido, con equidad de género.
El debate de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena se queda lejos de la mayoría calificada.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anunció un plan B. El PAN acusó a los morenistas de vínculos con la narcopolítica, mientras el PRI subrayó el talante “autoritario” del proyecto. El PT y el Verde, aliados del bloque gobernante, mantuvieron su posición en contra, lo que evitó que el gobierno llegara a los 334 votos
Pareciera que todo el trabajo que el gobierno mexicano ha realizado con Trump (mes tras mes y reunión tras reunión) donde una semana estamos bien con él y en la otra todo lo contrario, tuvo su peor episodio en el cónclave con varios jefes de Estado hace unos días, cuando el republicano decidió excluir a nuestro país, justamente para arremeter contra la presidenta.
El ejecutivo estadunidense tampoco invitó a Brasil y a Colombia, y ahí en el marco de esta alianza (creada por él) denominada Escudo de las Américas, con el respaldo de un buen número de países latinoamericanos, dijo que México representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, siendo el “epicentro” de la violencia criminal en el hemisferio occidental.
Pase lo que pase con el proyecto presidencial de reforma electoral —cuyo dictamen fue discutido en las últimas horas en la Cámara de Diputados—, en Morena ya opera el reflejo de siempre: si la mayoría calificada no alcanza, se abre la puerta del plan B. Es decir, modificar leyes secundarias para cambiar el sistema electoral sin tocar la Constitución.
En Palacio Nacional ya dan por sentado que la iniciativa original no amarrará las dos terceras partes en San Lázaro, así que el ajuste de estrategia es más que una opción, es una necesidad. La Presidenta quiere sentar un precedente con un objetivo que vende bien: reducir el costo de las elecciones.
La ruta sería la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el corazón operativo del INE, donde se mueve lo que realmente duele: organización, fiscalización, padrón y procedimientos. Ahí, Morena puede avanzar con mayoría simple y sin la negociación tortuosa de una reforma constitucional.
El giro tiene un dato político aún más interesante: con el plan B, Morena podría dejar a un lado —al menos en lo central— a sus aliados del PT y el PVEM, y construir acuerdos parciales con la oposición.
No por amor al consenso, sino por utilidad: la coalición sirve mientras suma; si estorba, se rodea. Y en esa geometría, el PAN y Movimiento Ciudadano aparecen como interlocutores potenciales para empujar cambios “vendibles” a la opinión pública.
El partido azul que lleva tiempo insistiendo en un punto que a todos conviene decir en voz alta: candados contra el dinero del narco en campañas y fiscalización más dura.
Lo relevante es que esa agenda, bien redactada, no exige Constitución, exige voluntad y dientes institucionales. En el caso de Movimiento Ciudadano, hay una propuesta que suena moderna y polémica a la vez: el voto electrónico aplicado de forma gradual.
También se han deslizado ideas como ajustes a reglas de participación, sin necesidad de abrir la caja de Pandora constitucional.
A eso se suman otros puntos para el discurso: reducción de prerrogativas a partidos, ajuste al gasto electoral y recortes a la estructura de operación.
Todo cabe en el mismo paquete de austeridad electoral, eficiencia, “menos dinero a la política”. Pero el diablo vive en los detalles: bajar costos sin debilitar controles puede ser un avance; bajar costos debilitando al árbitro y la vigilancia puede ser un retroceso.
El plan B también le permite, si la reforma constitucional “nació muerta” —como decían en Morena—, entonces el gobierno puede presumir pragmatismo: “No pudimos por la puerta grande, pero sí por la puerta chica”.