La independencia de los ayuntamientos permitiría moralizar la administración pública, promovería el progreso material y el florecimiento intelectual, haría que las autoridades fueran originarias del lugar, impulsaría la enseñanza primaria y contribuiría al “funcionamiento orgánico” de las instituciones democráticas, “que son, en su esencia, el gobierno del pueblo por el pueblo”.
Venustiano Carranza
Una importante aportación al pacto federal de la República, lo fue el establecimiento del “municipio libre” como la futura base de la administración política y municipal de los estados y consecuentemente del país. Las diversas iniciativas que tuvo el Constituyente para su análisis, sentaron tres principios fundamentales en que tendría que descansar la organización municipal, integró tres reglas al artículo 115 y que se refieren a la independencia de los ayuntamientos, la formación de su hacienda que debe ser independiente y el otorgamiento de personalidad jurídica plena.
El Constituyente estableció igualmente que cada municipio sería conformado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habría ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.
Es de resaltar que se da competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver las cuestiones hacendarías y en general las que surjan con otros poderes del Estado.
La importante reforma política de Carranza destaca una de las más relevantes: la Ley del Municipio Libre que restituyó la autonomía a los municipios, misma que había sido destruida por la centralización política del Porfiriato.
Las ideas de Carranza sobre el municipio libre contenidas en este decreto, adelantaban su posición sobre la materia: “el municipio libre” como la base de la división territorial y organización política de los estados, administrado por ayuntamientos de elección popular y directa, sin que hubiera autoridades intermedias entre éstos y el gobierno estatal”.
El Plan B electoral del Ejecutivo Federal, propuso una reforma más a la Constitución, (a la fecha741 reformas a la totalidad de sus 136 artículos). Por lo que hace al artículo 115 establece un límite de una sindicatura y de entre siete y 15 regidurías en los ayuntamientos de cada municipio del país.
El Plan B fue aprobado en lo general y particular por el Senado con 87 votos a favor y 41 en contra. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Victoria pírrica de la oposición fue anular el tema de la revocación de mandato, que contó con el apoyo del Partido del Trabajo. La otra victoria pírrica fue para la Presidenta, el Senado de la República aprobó el Plan B, pero sin incluir la citada revocación de mandato.
Al respecto la titular del Poder Ejecutivo expresó: “En ese sentido, el proyecto de dictamen plantea medidas concretas para terminar con los privilegios: ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos a los límites constitucionales. Eliminar beneficios indebidos financiados con recursos públicos. Y establecer mecanismos de racionalidad en los distintos órdenes de gobierno”. Este dictamen es un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. La oposición señaló que la idea de la reforma propone eliminar privilegios, pero se trata más bien de una idea para concentrar el poder, que debilita el federalismo, así como el respeto a la división de Poderes.
La senadora Verónica Rodríguez tocó un argumento medular: Si esta reforma tuviera hoy la erradicación del dinero ilícito que vemos hoy en las campañas políticas, estaríamos hablando de una verdadera reforma electoral, pero no quieren hablar de ello; el segundo problema importante es que tampoco quieren tocar el tema de la sobrerrepresentación que hoy los tiene aquí con esta iniciativa, pretendiendo sólo mantener y perpetuarse en el poder.
El proceso legislativo continúa y promete que no será terso, de aprobarse el Plan B por mayoría calificada tendrá que recorrer las legislaturas estatales. Veremos…